Como una burla califica un trabajador, de 70 años, la pensión que está recibiendo desde hace algún tiempo, la que alcanza la suma de 200 pesos. Sí, leyó bien, 200 pesos.

Hugo Soto Alvarado cuenta que a los 52 años realizó los trámites para su jubilación anticipada, recibiendo desde ese entonces 40 mil pesos mensuales. Sin embargo, a fines del año pasado, sin previo aviso y sin mayor explicación, comenzó a recibir 200 pesos. “Creo que es un error realizar los trámites de jubilarse anticipadamente. Debí haberme jubilado a los 65 años, edad a la que esperaba que me reincorporaran a la jubilación el dinero que se descontaba a la empresa donde trabajaba. En septiembre del año pasado fui a cobrar mi jubilación de 43 mil pesos y ningún problema, hasta octubre que llegué a la caja y me pegaron 200 pesos”.

Agregó que no podía creer lo que le había sucedido: “La niña que me atendió me dijo que no era su culpa y que sólo debía cancelar lo que estaba en la orden de pago. Ahí me dijeron que debía ir a la AFP, donde me explicaron de una ley, la que nunca he visto y me confundieron completamente, no entregándome ninguna solución. Luego me enviaron a la superintendencia, que son los que los controlan a ellos, esa fue su respuesta. A final de cuentas, me andaban trayendo de acá para acá, les dije que estaban jugando pin pon conmigo, así que me aconsejaron hacer una denuncia a la superintendencia o comunicarme a través de Internet, a lo que le pedí ayuda a mi hijo. Me respondieron que tampoco tenían nada que ver con eso”. 

Soto, señaló que tras recibir un estado de pago en su casa, se dirigió nuevamente a la AFP, “y como una burla me señalaron que tengo que cobrar 200 pesos en cincuenta años para recuperar mi jubilación, la que realizaron a mis espaldas, porque nadie me hizo firmar nada”.

Ante esta realidad, Hugo Soto debe continuar trabajando para una empresa, prestando servicios de gasfitería. Además, su esposa también trabaja, “por lo que no he ido a cobrar mi pensión de 200 pesos, porque ni siquiera me alcanza para la locomoción colectiva”.

El caso fue dejado por Soto en manos del abogado Juan José Arcos, quien manifestó que aquí se está frente a una situación inédita, “por eso, lo primero es hacer las gestiones para que los parlamentarios de la zona puedan adoptar algún tipo de medida, ya que la ley que regula el sistema de AFP, el decreto ley, se puede modificar, no requiere un mayor trámite para que haya un cambio en la normativa, sino derechamente la voluntad de poder materializarlo. Y si se van a estar riendo de la gente de la tercera edad, es mejor que se pueda cambiar la ley”.

Arcos agregó que analizarán el caso para realizar alguna acción legal. “Acá el Estado no se ha hecho cargo y si tuviéramos un sistema judicial civil que fuera efectivo, y no como lo que tenemos hoy, él podría incluso demandar al Estado por la negligencia y desidia por no dar una solución a este tipo de problemáticas. Acá no pueden existir jubilaciones que se burlen de las personas. El afectado claramente puede ejercer una acción por la responsabilidad en contra del Estado y no haber existido una preocupación en regular estas materias, entre eso colocar un recurso de protección en contra de la AFP”, enfatizó.

Alex Miralles