Si bien es una normativa municipal, no una ley de la República, la mayoría de los establecimientos comerciales se han adherido a la ordenanza que busca que los ciudadanos tomen conciencia de lo contaminante que puede llegar a ser una bolsa plástica. Los detractores principalmente son empresarios del rubro que ven de cierta forma empañado su negocio.
Uno de los principales afectados son los empaquetadores o propineros, que tienen como ingreso económico la voluntad de los usuarios de las grandes cadenas de supermercados.
La labor es, muchas veces, ejercida por jóvenes y minusválidos, quienes no reciben un salario de parte de los respectivos establecimientos comerciales. No cuentan contrato de trabajo ni, menos seguro médico.
Ante ello, el seremi del Trabajo y Previsión Social, Carlos Abarzúa, señaló que decidieron abordar el tema y conversar con los afectados y proponerles que “creen un sindicato”, idea que fue rechazada según Abarzúa, y agregó que “ellos están organizados por facebook”.
La autoridad recalcó que el trabajo de los empaquetadores corresponde a “un trato entre propineros y el supermercado, es de común acuerdo la relación.
Al consultarle si hay una ley que proteja a estos empleados no asalariados, sentenció que “no existe una ley que establezca esta obligación de parte de los supermercados”, pero referente a la normativa municipal, manifestó que “hay que hacer un trabajo directo con las empresas, que tomen la decisión, con el objeto que no vayan a perjudicar a los propineros”.
Más de 500 jóvenes y minusválidos ejercen el oficio de empaquetadores en las grandes cadenas de supermercados de Punta Arenas.