Luego del diálogo abierto organizado por la oficina parlamentaria de Gabriel Boric, que reunió a los representantes de distintos establecimientos educacionales y de los gremios de la educación pública, para los asistentes al encuentro una cosa quedó clara; el proyecto de desmunicipalización que se tratará en el mes de enero, traerá perjuicios y menoscabo en los beneficios obtenidos  a los trabajadores que serán trasladados al nuevo sistema de educación.
Esta iniciativa pretende la creación de 67 servicios locales que tendrán dentro de sus obligaciones la administración de los establecimientos de la educación pública, considerándose para ello, los inmuebles y los funcionarios de las instituciones.
El traspaso de los inmuebles, que en el caso de Punta Arenas, se trataría, por lo menos de los 29 edificios donde se imparten clases de enseñanza básica y media, más el recinto ubicado en el paraje Agua Fresca, sería el mínimo de los escollos a superar.
El proyecto contempla que los trabajadores de las corporaciones o los departamentos de educación participen de un concurso público, cuyas bases o requisitos están en ciernes, ya que hasta el momento la iniciativa no asegura el cupo para todos los funcionarios que laboran en estas instituciones municipales. Ello constituye la piedra de tope para los funcionarios. Según consigna el diario La Tercera serían “entre 2.000 a 3.000 los trabajadores los que queden sin trabajo”, según el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Administración de Corporaciones Municipales (Fenatracom), Ricardo Oyarzo y actual presidente de los funcionarios de la administración central de la Corporación Municipal de Punta Arenas.
Oyarzo advierte que el proyecto en las condiciones en las que se encuentra actualmente, representa otro punto de quiebre con el Gobierno, ello relacionado a fijar las condiciones y el número de funcionarios que conformarían las plantas de los servicios locales de educación.  “Ningún funcionario debería ser desvinculado por una reforma del Gobierno. Hay muy poca precisión de la planta de los servicios locales. Se estima que deberían tener entre 120 y 130 trabajadores, pero ese cálculo deja fuera a muchos”, agregó Oyarzo.
Las cifras entregadas por el Ministerio de Educación (Mineduc) a la Comisión de Educación de la Cámara, revela que un 70% debería ingresar al nuevo sistema por concurso y que un 10% a 15% de funcionarios que está en edad de jubilar, deberían acogerse a los incentivos de retiro.
La iniciativa propone que un número de funcionarios permanezca en otras áreas de la administración municipal, pero según Oyarzo, ello quedaría “a merced de los ciclos políticos”, según Oyarzo.
Sin embargo, hay un 20% aproximado de funcionarios que también podrían ser desvinculados “Lo que pedimos es que no los echen, sino que les permitan salir con tranquilidad. Para eso se necesita un bono de incentivo al retiro que no tenga relación con la edad de jubilar. Así también liberarías cupos para que llegue gente nueva”, remarcó Edward Cownley, presidente regional de la Federación de Trabajadores de Departamentos de Educación.