La situación del ex Presidente peruano Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, experimentó hoy un brusco cambio en apenas algunas horas. Por la mañana decían que la familia trataba de “hacer una vida normal”, mientras sonreían ante la prensa apostada en las afueras de su residencia limeña. Anoche, en cambio, abandonaban en vehículo el mismo inmueble del barrio Surco para entregarse a los tribunales.

Y es que el juez Richard Concepción Carhuancho decretó 18 meses de prisión provisional para ambos, investigados por la presunta recepción de 3 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para la campaña electoral de 2011 y de dinero “ilícito” procedente de Venezuela para la campaña de 2006.

Apenas se conoció el pedido de captura y prisión para Humala, el ex mandatario y su esposa se dirigieron desde su hogar a la sede del Palacio de Justicia, a cuyo calabozo ingresaron antes de medianoche. En el trayecto hacia el penal, el ex gobernante reaccionó a través de su cuenta de Twitter a la medida cautelar adoptada por el magistrado. “Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos”, declaró Humala.

Inmediatamente, los abogados defensores de Humala y Heredia, Wilfredo Pedraza y Julio César Espinoza, respectivamente, anunciaron que apelarán contra la decisión, que consideraron “arbitraria”.
Con este dictamen, Humala se une al ex Presidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo en los EE.UU de la Justicia peruana acusado de haber recibido US$ 20 millones de Odebrecht para facilitar sus negocios en el país, en la lista de mandatarios peruanos salpicados por la corrupción.

También será el segundo ex presidente peruano encarcelado en el país, tras Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por varios casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su mandato.