Críticas al interior del Senado generó el anuncio de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente de que se ampliará a la Cámara Alta la causa por asignaciones parlamentarias que indaga un eventual delito de fraude al fisco.
Tal como lo adelantó La Tercera, desde la Corporación mostraron su molestia con la decisión de la fiscalía e hicieron llegar la respuesta a través de un oficio en el que explicaron que “no accederán a lo solicitado en las condiciones requeridas, no obstante, está plenamente disponible para entregar la información pública que se requiera, en la forma prescrita por la Constitución y la ley”.

Entre los fundamentos de esta determinación se encuentra que “la base argumentativa sobre la cual la fiscalía fundamenta el requerimiento indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la corporación”, expresaron los parlamentarios en el texto.

Según consigna el documento, la solicitud, amparada en el argumento de la transparencia y la igualdad de trato, da a entender que todos los senadores podrían haber participado en conductas similares a la investigada. “Este proceder crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios, que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad”, sostiene el oficio.

“Si bien el Ministerio Público puede poner en ejecución todas las diligencias que estime pertinentes, las mismas deben ejecutarse al amparo de la legalidad vigente y en el contexto de nuestro Estado de Derecho, siempre cautelando la dignidad de las personas, pues este es el espíritu de nuestra constitución “, expresa el texto.
En este contexto sostienen que desde la Cámara Alta “es fundamental que la actuación de la fiscalía se ajuste al principio de objetividad y de responsabilidad, de manera de no difundir apreciaciones subjetivas que pueden afectar la honra de las personas”.

Desde el Senado aclararon además que “no se trata de ocultar información ni de pretender dificultar una investigación de carácter penal, sino únicamente de llamar la atención sobre una medida absolutamente desproporcionada, que excede ampliamente las facultades y potestades de quien ejerce la persecución penal que se aleja completamente de la investigación de un hecho preciso y determinado y que surge de la denuncia en referencia y que más bien pretenden dar notoriedad y relevancia pública a quien así la ordena”.

Y manifestaron que “parece absolutamente desproporcionado y abusivo que, luego de determinarse una situación concreta que pudiera merecer algún reproche – aún tan preliminarmente, en el sentido de que es todavía apresurado saber si ella constituye delito y a quien imputárselo- se decida solicitar informes y reportes presentados con motivo de los servicios prestados respecto de contratos de asesoría que han sido contratados por el Honorable Senado, en un periodo que excede al lustro”.