El próximo 11 de septiembre será un día especial para la Presidenta Michelle Bachelet. No spolo porque estará encabezando su última ceremonia de conmemoración del Golpe de Estado de 1973, sino porque en esa jornada comenzará a correr el reloj para el cierre de su segunda administración en La Moneda.

Se trata de los últimos seis meses de su mandato, en los cuales intentará poner el sello definitivo de su gestión. La idea de la jefa de Estado es que todos los ministerios trabajen a toda marcha para sacar adelante las bases de su legado, ese que de alguna manera se vio complicado la semana pasada con la renuncia de su equipo económico. Pero uno de los que tendrá mayor peso en esa labor será el Ministerio Secretaria General de la Presidencia, el cual estará encargado de supervisar y acelerar el avance de los proyectos de ley y programas que restan para intentar dar un final exitoso a los turbulentos cuatro años de Bachelet en el Ejecutivo.

Para ello, el nuevo titular de la cartera, Gabriel de la Fuente, ya definió un paquete de iniciativas que a juicio de la gobernante deben estar aprobados o en vías de antes de que abandone su cargo. Dichos ejes los subrayó tras el consejo de gabinete del martes pasado: Educación, Infancia, Descentralización y Pensiones. Según explican desde La Moneda, de todos ellos, los tres proyectos que restan de la Reforma Educacional tienen carácter de ultraprioritario y deben ser aprobados sí o sí antes de que termine el gobierno: Educación Superior, Reforma a Universidades Estatales y la Nueva Educación Pública. La sensación al interior del Ejecutivo es que los tres van a terminar siendo leyes, ya que ven disposición tanto en el oficialismo como en la oposición para llegar a acuerdos y darles luz verde. Un ejemplo de ello fue la aprobación del proyecto de Educación Superior, el cual fue respaldado transversalmente, salvo el rechazo de Giorgio Jackson.

En segundo lugar aparece la agenda de infancia, impulsada con fuerza desde que estalló la crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename). Se trata de siete proyectos cuyo avance se va a ver complicado por la alta complejidad de las medidas y la expectativa del Ejecutivo es aprobarlos o avanzar lo que más puedan. Entre ellos, está la división del Sename, la creación del defensor del niño, la instauración de la Subsecretaria de la Niñez y la implementación del Sistema de Garantías de la Niñez, que está en el Senado en segundo trámite y que es la aplicación de la Convención del Niño de la ONU a la legislación interna. 5% y nueva priorización En cuanto al tercer eje de descentralización, esperan aprobar el proyecto de traspaso de competencias y el de elección de gobernadores regionales, donde también ven que hay posibilidades de acuerdo.

En tanto, en la reforma al sistema previsional, hay plena confianza de sacar adelante la reforma constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo. En cuanto al proyecto que crea el 5% de cotización adicional, advierten que los tiempos de tramitación podrían trabar su avance. Otras iniciativas que serán impulsadas pero que no verán avances importantes es el de nueva Constitución, que sería enviado al parlamento después de octubre, y el de migraciones, en donde la sobrecarga de la comisión de Gobierno retrasaría el proceso. Finalmente, desde el Gobierno aseguran que ya están elaborando una lista de una serie de otros proyectos que tal vez no son tan prioritarios, pero que podrían ser aprobados sin contratiempos, como el de la nueva Onemi y Conaf.

Educación, infancia, descentralización y pensiones son los cuatro ejes en donde la Presidenta pondrá prioridad. De estos puntos, los tres proyectos que restan de la Reforma Educacional son de carácter ultraprioritarios.