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Por más de 30 millones de pesos
Autoridad de educación se querelló contra abogado por presunta estafa
La acción judicial se presentó en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde la querellante busca una sanción penal y además una indemnización.
Una querella criminal presentó la directora regional de la Superintendencia de Educación, Nieves Raín Cayún, en contra del abogado Marcos Ibacache, por su presunta participación en la apropiación de una millonaria suma.
Según indica la acción judicial presentada ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por parte del abogado Chistian Muñoz Reyes, querellante y representante de la afectada Nieves Raín Cayún, el querellado la perjudicó en una suma que supera los 32 millones de pesos. “Mi representada está bien afectada con el tema y lo que se pretende lograr con la querella es una sanción penal, y la correspondiente indemnización esto por la intención maliciosa de esta persona”, señaló el abogado querellante.
El escrito relata que en el primer semestre del año 2014, Nieves Raín Cayún contrató los servicios jurídicos de Marcos Ibacache Cortés, con el fin que la represente en una causa tramitada en el Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, fue así que el abogado le indicó a la afectada que había llegado a un acuerdo de su caso con el Banco del Desarrollo y que la vivienda de la actual directora de la Superintendencia de Educación estaba libre de remate y que para salvarla debía cancelar mensualmente la suma de 500 mil pesos, dinero que detalla la acción judicial lo debía realizar la mujer a la cuenta del abogado, quien pagaría las cuotas.
Fue así que Raín entregó de un cheque por 9 millones de pesos que correspondía supuestamente para iniciar la negociación con la entidad bancaria. Tras esto, la querellante comenzó mensualmente a depositar al abogado la suma de 500 mil pesos, quien según la afectada le señalaba que el dinero estaba siendo cancelado.
A pesar de esto, el 22 de agosto del año pasado Nieves Raín recibió una notificación judicial del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, donde se le notificaba que dentro de diez días debía hacer entrega del inmueble, bajo el apercibimiento de ser sacada con la fuerza pública.
Se indica, además, que al tratar de comunicarse con el abogado le dio respuestas que estaba todo cancelado, pero al realizar la revisión a la página del Poder Judicial se tomó conocimiento que la casa estaba rematada desde el 26 de agosto de 2014.
Es así que la querella solicita a la Fiscalía iniciar un investigación a través de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI para que realice los peritajes.
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