Según el parlamentario Gabriel Ascencio, el proceso de licitación tiene varias irregularidades. El Diputado Gabriel Ascencio cuestionó en duros términos un peculiar proyecto que pretende ejecutar el Ministro de Obras Públicas Laurence Golborne en todo el país y que consiste en la instalación de 14 mega banderas en cada una de las Regiones de nuestro país, exceptuando la Región Metropolitana, cuyos antecedentes el Diputado Ascencio los obtuvo del Blog “Yo no vote por él” y que fueron entregados durante esta jornada a la Contraloría.
Se trata de un millonario proyecto que el parlamentario solicitó sea revisado y fiscalizado por la Contraloría General de la República, pues a su juicio en el proceso de licitación se han vulnerado varios principios de la legalidad vigente, por lo que este proyecto debiese paralizarse.
“Cada una de las banderas tiene un costo que oscila entre 300 y 500 millones de pesos y ninguna de ellas pasará por el control legal de la Contraloría, ya que se usaron bases de licitación tipo y los montos permiten obviar dicha revisión previa”, dijo el Diputado Ascencio, quien explicó que las banderas tendrían un mástil de 42,5 metros y una base de 1,2 metros y que además contemplan estructuras metálicas, instalaciones de iluminación y aguas lluvia y otra de paisajismo y entorno.
Una irregularidad denunciada por el Diputado Ascencio es que este proyecto está encargado a la Dirección de Arquitectura del MOP, institución que tiene por mandato la ejecución de otro tipo de proyectos. “A la Dirección de Arquitectura corresponderá la realización del estudio, construcción, reparación y conservación de los edificios públicos que se construyen con fondos fiscales, sin perjuicio de los que deban ser ejecutados exclusivamente por otros Servicios de acuerdo a sus leyes orgánicas; el estudio, proyección, reparación y construcción de edificios de instituciones fiscales, semifiscales y de administración autónoma que se le encomiende especialmente. Le corresponderá, igualmente, la coordinación con los demás Servicios que construyen edificios de utilidad pública”, explicó el parlamentario, quien agregó que la Dirección de Arquitectura sólo podría realizar la construcción y estudios de Edificios Públicos, no obras como una bandera gigante, la que podría asimilarse más bien a un monumento.
Por otro lado, agregó el Diputado Ascencio, hay otros antecedente que permite cuestionar este proceso, pues “el informe del Sistema Nacional de Inversiones, que se encarga de evaluar las inversiones públicas que son presentadas por los distintos Ministerios, concluyó que este proyecto, el de las banderas gigantes, aparece como Objetado Técnicamente, por lo que para ser ejecutado requiere de prioridad presidencial, lo que en este caso no ha ocurrido. También debemos señalar que la Inversión presentada al SNI equivale a 145.500 UTM. Esto es importante pues cualquier contrato por un monto superior a 10.000 UTM debe ser sometido al control de juridicidad de la Contraloría General de la República. Lo que en este caso no ocurre, ya que al dividir el proyecto en 14 proyectos regionales, el Ministro evitó este control, lo que nos parece incorrecto, ya que toda la inversión a nivel nacional para este caso debió ejecutarse como un único proyecto”, dijo el parlamentario, quien explicó que incluso con esta división de los proyectos, al menos un par de banderas debieron ir a Contraloría, por superar su valor estimado las 10.000 UTM, por ejemplo la de Valparaíso estimada en $ 500.000.000 (UTM 12.600).
Por lo anterior, el Diputado Ascencio solicitó al Contralor General de la República, a través de un oficio ingresado hoy, que “ordene la paralización del proceso de licitación de las obras de “banderas bicentenario”, a fin de determinar la legalidad de este proceso, pronunciándose sobre la competencia que tiene a este respecto la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y si es correcto que un proceso que aparece como objetado técnicamente sea ejecutado sin contar con prioridad presidencial. A su vez, determine si se respeta la legalidad al no presentarse estos proyectos al control de la Contraloría General de la República antes de realizarse la licitación”.