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Ministra Benítez desestimó acuerdo entre Castilla y detractores

General
23/08/2012 a las 08:20
La ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, no quiso referirse a los acuerdos logrados entre MPX y grupos contrarios al proyecto termoeléctrico Central Castilla, debido a que según explica, éstos no tienen relación con temas ambientales. La secretaria de Estado señaló que no opina sobre las decisiones que se toman en el marco del poder judicial, pero “la verdad es que la mayoría de estos acuerdos no tienen que ver con temas ambientales”.
Esto en el marco del acuerdo al que llegara MPX con tres de los cuatro grupos opositores al proyecto termoeléctrico Castilla, para que se desistan de los recursos de protección que habían sido acogidos por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que actualmente están siendo analizados por la Corte Suprema.
Al respecto, la titular de la cartera explicó que la pronta entrada en vigencia de los tribunales ambientales vendrá a ordenar los conflictos suscitados en esta materia.
“Los tribunales ambientales tienen como competencia recurrir contra resoluciones que tome el comité de ministros, ya sea por el titular, o los afectados que hayan reclamado ante el comité de ministros”.
Así, este “debería ser el canal lógico de reclamación en relación de los proyectos, pero el recurso de protección sigue vigente como una alternativa de reclamación”, agregó.
De esta forma, la autoridad dice que se evitará una extrema judicialización de los proyectos energéticos, conforme “el objetivo de los tribunales ambientales especializados es abordar técnicamente las reclamaciones”.
Los tribunales ambientales comenzarán a operar de forma permanente a partir del 28 de diciembre próximo en Santiago. Posteriormente, el 28 de junio de 2013, iniciarán su funcionamiento en Antofagasta y Valdivia.
Acuerdo
La empresa llegó a conciliación con el sindicato de pescadores de Bahía Chascos, el cual está representado por el abogado Lorenzo Soto. El acuerdo entre las partes y el desistimiento del recurso fue presentado la semana pasada al juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien está a cargo de la causa.
Por su parte, las dos agrupaciones de pescadores de Caldera -representados por los abogados Cristián Tapia e Ignacio Poblete- alcanzaron la conciliación ayer con la firma controlada por el empresario brasileño Eike Batista.
De acuerdo con las mismas fuentes, el convenio con las tres partes fue muy similar al último que presentó la empresa en la audiencia de conciliación del 24 de julio, en el marco del proceso de advenimiento entre las partes que abrió Muñoz el 22 de mayo pasado.
En dicha reunión, los representantes legales de MPX, Pedro Pablo Gutiérrez y Andrés Jana propusieron, entre otras medidas, la eliminación del complejo de la segunda unidad diésel de 127 MW; un aporte de $ 9,2 millones por persona a través del fondo de desarrollo local; y la entrega de US$ 62,5 millones para el Fondo de Desarrollo Regional.
También se accedió a la instalación de faldones en el puerto Castilla para evitar cualquier peligro de derrame de sustancias nocivas.
Dentro de los próximos días se presentarán al juez los detalles del acuerdo con las dos agrupaciones de pescadores de Caldera. Esto deja sin efecto ambos recursos de protección en contra de las cinco centrales por un total de 2.100 MW y el puerto.

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