Era un cambio que el secretario general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Hermes Hein, había comenzado a discutir desde su llegada al cargo, en diciembre pasado. Los contratos que la institución suscribía con diferentes organismos por concepto de Asistencia Técnica Educacional (ATE), permitían, en palabras del secretario “escasos controles” para medir el cumplimiento de los objetivos. 

El tema no es menor. Desde 2012 a la fecha, la Cormupa ha invertido en este tipo de convenios unos $ 780 millones, cifras que han sido cuestionadas desde diferentes instituciones públicas.

De hecho, funcionarios de Contraloría se constituyeron en la Corporación el 12 de junio pasado para investigar presuntas irregularidades en la contratación de capacitaciones y asesorías de ATE. Días después, la institución recibiría una solicitud de información por parte del fiscal adjunto de Punta Arenas, Felipe Aguirre, quien requería antecedentes de los contratos suscritos con Chileduc por ese concepto. El requerimiento llegó tras una querella del Consejo de Defensa del Estado, que revivió un antiguo proceso de investigación en la Corporación. 

“Había una indeterminación del objeto; al final, una asesoría era tan amplia, que no se podía controlar nada”, dijo ayer Hein. Dicha preocupación no sólo fue conversada en su oportunidad con la jefa del Área de Educación de la Corporación, Cristina Susi, sino con las principales instituciones que prestan el servicio. Entre ellas, la Universidad de Chile y, esta semana, Chileduc.