Asegura que la notificación de su despido ni siquiera llegó a su domicilio; llegó al de su madre, en el centro de Punta Arenas, que no corresponde al que hay en su contrato. “Hasta la carta está mal hecha”, comentó ayer Eliana Astorga España, ex administradora municipal, quien, hasta esta semana, se desempeñaba como jefa de la Unidad de Control de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa). 

“Me despidieron por necesidades de la empresa”, dijo Astorga, quien había asumido el mando del departamento destinado a la fiscalización de procedimientos dentro de la Corporación. “La única necesidad del alcalde Emilio Boccazzi es que no exista control ni fiscalización”. 

Dentro de sus funciones, cuenta la ex funcionaria, se encontraba la de “entregar información a la Contraloría y a la Fiscalía”, por las investigaciones que ambas instituciones se encuentran desarrollando desde junio de este año, tanto por los pagos de la institución a organismos de Asistencia Técnica Educacional (ATE) como por el gasto de los fondos de la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

Sobre esos antecedentes, Astorga cuenta que “yo había objetado pagos a la ATE de Redess”, empresa perteneciente a Chileduc, sobre la cual el Ministerio Público ha solicitado información. De hecho, el año pasado, la Corporación contrató una asesoría de dicha institución, que estaba destinada a generar nuevos estatutos para la Cormupa; tras el pago de $ 23 millones, las nuevas normas nunca llegaron.