La espera continúa. Pese a las altas expectativas del gremio de usuarios de la Zona Franca de Punta Arenas de que se hiciera oficial la aplicación de nuevas multas a la empresa concesionaria que administra el recinto -Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI)-, el intendente Jorge Flies salió ayer a calmar los ánimos, tras una reunión que sostuvo la comisión de seguimiento del contrato, que incluye a la cartera local de Hacienda, al Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas.
“Seguimos haciendo un análisis en derecho y contable del informe”, dijo ayer la máxima autoridad regional, en referencia a los antecedentes que el Gobierno Regional (GORE) entregó a Contraloría el 4 de julio pasado.
El viernes pasado, el ente fiscalizador ofició a la intendencia solicitando nuevos antecedentes. “Contraloría nos pide adjuntar mayor información y tenemos hasta fines de septiembre para hacerla llegar”, dijo Flies, quien explicó que se les solicitó, por ejemplo, “sobre las multas cobradas en el mes de marzo, se hagan llegar los documentos, las facturas del cobro”.
No obstante, la entrega de esos antecedentes no resultaría en el cobro efectivo de nuevas multas. Para determinar las acciones legales a seguir, dijo el jefe del GORE, se esperará tener la opinión jurídica del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la respuesta final del órgano fiscalizador. 
“Nosotros hemos solicitado al CDE un informe jurídico sobre los antecedentes resumidos que ya tiene la comisión, para tener la opinión de ellos en el ámbito de derecho”, explicó el intendente, quien agregó que, además, “hemos notificado al equipo jurídico del Ministerio del Interior que estamos haciendo estos dos procesos”.
Flies enfatizó que, desde que comenzó la concesión, hace casi siete años, “el contrato ha sido complejo en su seguimiento y ha tenido falencias en su fiscalización; ha tenido vaivenes en su regularidad en el seguimiento”, dijo, y agregó que “el contrato tiene falencias en su interpretación y su redacción, por eso ha habido intendencias que han actuado de diferente manera”.
Por ello, sostuvo, “no queremos equivocarnos. Vamos a tomar una determinación que vaya en derecho, que administrativamente sea correcta, que indique la legalidad del contrato. Esto va desde la aplicación de multas hasta la extinción del contrato”.
- Es decir, ¿se esperará la opinión de Contraloría y el CDE para determinar cómo actuar? 
 “Esperaremos tener un informe jurídico del CDE y la opinión final de Contraloría para tomar una determinación en cuanto al procedimiento a seguir con este contrato”.
- El CDE no tiene un plazo fijo para su respuesta; ¿cuándo habría una decisión? 

“Hay que terminar una etapa; estamos tratando de regularizar siete años de contrato, queremos ver efectivamente qué se hizo bien y qué se hizo mal, y qué está pendiente por cobrarse. Eso lo vamos a hacer con el informe de derecho del CDE y el informe de Contraloría terminado. Ahora, el CDE no tiene un plazo estricto; durante el mes de septiembre, esperamos que tengamos tanto el informe de Contraloría como el informe del CDE”.