En una reciente entrevista en el programa “Las Cosas por su Nombre”, Alejandro Riquelme, vicepresidente regional del Partido Republicano, expresó su profunda preocupación por la falta de atención del gobierno a una denuncia presentada en contra del exjefe de gabinete de la delegación presidencial de Última Esperanza, finalmente formalizado por el presunto delito de violación en contra de una funcionaria de esa repartición.
Riquelme criticó con especial fuerza el actuar del Ministerio de la Mujer y recordó que, mientras era consejero regional, en dos ocasiones envió oficios a la Seremi de la Mujer, para conocer antecedentes de las denuncias por “maltrato laboral y vulneración de derechos”, que habían llegado a su conocimiento.
Y sin embargo, a pesar de esos oficios, no tuvo respuesta de la Seremi de la Mujer, situación que criticó con dureza, dada la gravedad de los hechos denunciados. “Dos veces, en 2023 y 2024, le oficié a la Seremi de la Mujer para pedir información de denuncias por vulneración de derechos en contra de funcionarias públicas. Nunca respondió a sabiendas que había una denuncia por un delito sexual contra una funcionaria”, expresó.
Los oficios fueron enviados en marzo de 2023 y mayo de 2024, tras conocer graves testimonios de vulneración de derechos en contra de funcionarias de diversas reparticiones públicas en Magallanes.
Recordó que el caso de violación en Última Esperanza salió a la luz, únicamente luego que la propia Corporación de Asistencia Judicial, que representaba a la víctima, determinara que los hechos denunciados correspondían a una violación y no a un abuso laboral, como inicialmente lo estableció la abogada querellante. “Por estos hechos se cambió a la querellante y se instruyó un sumario, pues todo indica que se quería bajar el perfil de la denuncia”, declaró.
Durante la entrevista, Riquelme enfatizó esta idea de bajar el perfil recordando el caso Monsalve, sólo que en este caso “se mantuvo 18 meses a una persona, cobrando un sueldo de más de tres millones de pesos, unos 50 millones en total, a una persona que ahora está imputada por violación”, afirmó.
Agregó que “es preocupante ver cómo las denuncias que hemos presentado no han recibido la atención que merecen… Hemos documentado irregularidades significativas, pero parece que no hay voluntad política para abordar estos problemas de manera efectiva”.
El exconsejero regional también destacó que la falta de acción por parte del gobierno no solo afecta la transparencia y la probidad en la administración pública, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones.