El Consejo Regional de Magallanes enfrenta una delicada controversias: más de $3.500 millones provenientes del Fondo de Vinculación Social 8% no han sido rendidos tras un año completo, generando un consenso transversal para exigir una auditoría interna urgente.
Los dineros estaban destinados a proyectos comunitarios esenciales, como la compra de pañales para adultos mayores, actividades culturales y deportivas, limpieza de fosas y la provisión de leña a familias vulnerables. Sin embargo, la falta de rendiciones mantiene en la sombra el destino de estos recursos, catalogados incluso como “perdidos”.
Solicitud de auditoría
El consejero regional Rodolfo Arecheta fue categórico al plantear la preocupación compartida: “El Gobierno Regional no ha logrado aclarar el destino de más de 3 mil millones del fondo de vinculación social 8%, que no encuentran rendidos”.
Arecheta relevó el criterio transversal de los consejeros, quienes ejercieron de la manera apropiada el rol fiscalizador del cargo.
“Existe consenso entre todos los consejeros de que esto es un tema delicado, por lo mismo solicitamos una auditoría interna a la nueva jefa de la Unidad de Control, que debe ser votada en el próximo pleno. El tema no sólo es delicado, porque no sabemos en qué se usó la plata, sino que también porque compromete en gran medida el 8% del próximo año”.
La medida fue impulsada inicialmente por un los consejeros Max Salas, Roxana Gallardo, Nano Soto, José Luis Paredes y Robert Wheissohn y rápidamente concitó apoyo transversal, sumando nombres de distintos sectores.
Este consenso, refleja la urgencia de esclarecer una situación que golpea directamente a los programas sociales de la región.
Reincidencia en la falla
La polémica no es nueva. Ya en instancias anteriores, la administración regional había sido cuestionada por atrasos en rendiciones del mismo fondo, afectando la credibilidad en el manejo del 8%. El hecho de que un año después persistan las dudas profundiza el malestar y eleva la presión sobre la actual gestión.
La auditoría solicitada deberá votarse en la próxima sesión del pleno del CORE. De aprobarse, marcará el inicio de un proceso clave para transparentar el uso de recursos que la comunidad considera vitales y para asegurar que el 8% social del próximo año no quede hipotecado por la incertidumbre actual.