Como una “cacería de brujas” definió la Asociación de Profesionales de la Atención Primaria (APS) de Punta Arenas las recientes declaraciones del alcalde Claudio Radonich, sobre el posible despido de trabajadores por mal uso de licencias médicas.
Los trabajadores acusan que las declaraciones del jefe comunal y de la asesora jurídica del municipio, Claudia Casas, son falsas, ya que alegan un ambiente laboral tenso y opaco. Contrario a los dichos de las autoridades, quienes indicaron que los sumarios se llevan a cabo con probidad y transparencia, “la asociación denuncia que este deterioro en el clima laboral no es casual. Este doble discurso, donde por un lado se proclama la probidad y por otro se aplican medidas desproporcionadas, está generando un clima de incertidumbre y temor entre los trabajadores de la salud, quienes se sienten cada vez más presionados por decisiones que no consideran ni su experiencia laboral ni su bienestar”, indicaron en la misiva.
Acusan, además, acoso laboral y prácticas discriminatorias, ya que las declaraciones “estigmatizan a los trabajadores sin respetar su derecho a defensa, al debido proceso y a que toda eventual responsabilidad sea declarada únicamente por los órganos competentes”.
“La asociación reitera su llamado a que se escuche a los trabajadores y a que las autoridades municipales reconsideren estas prácticas, antes de que el daño sea mayor y la confianza en la gestión pública se deteriore aún más”.
Contraparte
En ese mismo sentido, la secretarial general de la Cormupa, Elena Blackwood, explicó que este proceso de investigación se está llevando a cabo desde hace tres meses y es una orden que entregó la Contraloría General de la República.
“Nosotros no hemos expuesto a ningún funcionario, no se han entregado nombres, ni profesiones, ni los lugares de trabajo. Se ha mantenido la estricta reserva de los procesos, como corresponde, porque así lo señala la norma. No se ha vulnerado el secreto del sumario y se ha cumplido a cabalidad el proceso”, indicó la autoridad del municipio
Además, agregó que todos los funcionarios cuentan con 5 días hábiles para presentar sus descargos y su obligatorio derecho a defensa.