Según cifras oficiales la economía de Magallanes aparece con uno de
sus mejores registros en años: un crecimiento estimado del PIB del
18,03%. Sin embargo, este salto no responde a un nuevo ciclo de
expansión real, sino principalmente a la recuperación tras la fuerte
caída económica que dejó la pandemia y el estallido social, eventos que
golpearon con especial fuerza al turismo y al comercio local.
A eso se suma que la inversión
privada informada tampoco refleja un despegue concreto. Aunque los
proyectos ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental superan los
MMUS$ 30.000, la mayoría sigue en revisión y no se ha materializado. En
términos reales, la inversión aprobada es ampliamente menor.
El impulso actual proviene sobre
todo de la construcción, empujada por un aumento excepcional de la obra
pública del MOP y el MINVU. Es un crecimiento que depende casi
exclusivamente del gasto estatal, sin nuevos motores productivos
consolidados.
Mientras tanto, los hogares
muestran una realidad opuesta a la idea de “bonanza”. El saldo promedio
en cuentas corrientes cayó un 40% desde 2022 y, al ajustar por
inflación, el poder adquisitivo se ubica bajo los niveles de 2017. Para
el economista Manuel José Correa, los datos son claros: las familias
tienen menos liquidez, más presión en su presupuesto y siguen
enfrentando desempleo e informalidad.
Según Correa, las cifras macro
están infladas por factores puntuales —rebote, obras públicas y precios
internacionales— y no representan una mejoría en la calidad de vida. “A
todas luces, los magallánicos tienen menos lucas”, afirma, cuestionando
la narrativa de crecimiento que instala el gobierno.