En horas cruciales se encuentran las finanzas de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), cumplido el plazo solicitado al Tribunal de Cobranzas Laboral de Punta Arenas para negociar una forma de pago de los $ 805 millones perdidos en el juicio por el Bono SAE.

Luego de que la corte ordenara embargar la suma de las cuentas corrientes de la institución, a petición de los abogados de los más de 400 profesores involucrados en el proceso judicial, ambas partes decidieron entablar una negociación y solicitar a la justicia que pospusiera el proceso hasta el 5 de julio.

El plazo, cumplido el domingo, llegó sin que hubiera  consensos. Ello, luego de que la abogada Patricia Jara, quien lidera el equipo jurídico de la Cormupa, presentara una licencia médica y, a su regreso, se encontrara con la renuncia presentada por dos profesionales de la división.

Ante todo ello, en la defensa de los docentes -desarrollada por los abogados Javier Lagos, Carla Pérez y Daniel Mansilla- mantienen la disposición para negociar. El diálogo, dicen, se mantiene activo y podría haber una solución hoy.

No obstante, reconocen que el Tribunal de Cobranzas Laboral también tiene atribuciones para llevar a cabo la confiscación de los recursos. Esto, pues, cumplido el plazo establecido, no se ha generado un acuerdo.

El alcalde de Punta Arenas, Emilio Boccazzi, manifestó que “ estamos haciendo las gestiones porque nadie quiere que ocurra. Hemos conversado con los abogados y sabemos que hay que pagar. Estamos negociando para poder pagar a fin de año con el aporte del Ministerio de Educación”.