Dos personas fueron formalizadas ayer por delitos de estafa en contra de una empresa constructora de Punta Arenas.
De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización de la investigación, que estuvo a cargo del fiscal Felipe Aguirre, los hechos ocurrieron en diferentes fechas del año 2013, desde los meses de enero a septiembre, mientras el imputado Marcelo Villarroel Bórquez, de 38 años, se desempeñaba como encargado contable de la empresa Sociedad Constructora Bravo Izquierdo y Cia Ltda, específicamente en la oficina de Punta Arenas, ubicada en calle Caupolicán 360, donde debía emitir cheques para el pago de distintos proveedores de la misma empresa. En estas circunstancias el imputado procedió a llenar 19 cheques de la empresa afectada, por montos que fluctuaban entre los 300 mil y $ 1.700.000, los que giró y extendió en favor de su amigo Pedro Gallardo Aguilar, , quien logró cobrar pese a que la firma resultó ser falsificada, la que no pertenecía al gerente de la empresa, única persona facultada a firmar los documentos.
El imputado Villarroel intentó ocultar el ilícito realizando diversas maniobras contables fraudulentas, para aparentar que las cifras cuadraban, sin embargo, de la empresa detectaron inconsistencias que llevaron a la gerencia a llamar al trabajador para que explique lo sucedido, instantes que Villarroel admitió lo cometido y renunció a su fuente laboral. Al momento de retirarse el ex trabajador, le indicó a su jefatura que cancelaría todo los montos defraudados, entregando 16 cheques de su cuenta personal por montos de 3 millones de pesos, no obstante, todos los cheques resultaron protestados por cuentas cerradas y falta de fondos, no concertándose la transferencia de fondos.
Fue así que la empresa afectada resultó perjudicada en la suma aproximada de 48 millones de pesos.
Con estos antecedentes, se formalizó a los imputados Marcelo Villarroel Bórquez y Pedro Gallardo Aguilar como autores de los delitos de apropiación indebida y uso malicioso de documentos privados mercantil falsos.
El Ministerio Público solicitó las medida cautelar de firma mensual en la Fiscalía, a lo que la defensa no se opuso.
En la audiencia, se debatió el plazo para el cierre de la investigación, donde se solicitaron por parte de la Fiscalía seis meses, por diversas diligencias que se deben realizar, donde la defensa se opuso argumentando que la investigación se originó hace alrededor de un año. Ante esto el juez Juan Enrique Olivares decretó cinco meses para cerrar la investigación.