Luego de una extensa jornada de debates, la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de educación superior, reforma que se ha impulsado con especial ahínco durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El proyecto, que ha estado más de un año en el Congreso, pasará ahora a su segundo trámite legislativo en el Senado, luego de que se votaran 130 puntos en una extensa jornada.

Entre ellos, por 62 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el concepto de gratuidad universal, la que avanzará el próximo año hasta el 60 por ciento (sexto decil) de las familias más vulnerables económicamente. La iniciativa condicionó el avance hacia los siguientes deciles al crecimiento económico del país.

Respecto del Crédito con Aval del Estado (CAE), los diputados votaron por la derogación del sistema, siempre y cuando exista otro mecanismo de financiamiento, a través del Estado, que lo sustituya.

Asimismo, la iniciativa permite que el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten.

Gratuidad universal

Por la presencia de una universidad estatal en la región y de otras instituciones de educación superior, el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados cobra especial relevancia.

En ese sentido, la seremi de Educación, Margarita Makuc; el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), Juan Oyarzo, y el diputado Gabriel Boric, manifestaron posiciones que van desde el aplauso al repudio y que, en algunos aspectos del proyecto de ley, los distancia y ubica en trincheras absolutamente distintas.

Para Makuc, “la gratuidad se ha consagrado como un derecho recuperado de la educación superior. Con esto estamos permitiendo constituir un sistema de educación completo, que garantice la educación pública, desde la educación parvularia hasta la educación superior. Es una buena noticia, porque aumentar al sexto decil significa que la población que se va a ver beneficiada, si el proyecto es finalmente aprobado por los senadores, aumentará considerablemente”.

Acerca de este mismo punto, el diputado Gabriel Boric, miembro de la denominada bancada estudiantil, manifestó que “la gratuidad que ha aprobado el Gobierno sólo alcanza a un 20 por ciento de la matrícula en educación superior. El Gobierno ha desperdiciado una gran oportunidad, teniendo mayoría en ambas cámaras, para avanzar hacia una reforma integral que consolide un Sistema Nacional de Educación Pública, y quienes hemos luchado en las calles, desde las asambleas y también desde el Parlamento, lamentamos la actitud mentirosa que ha tenido el Gobierno en este proyecto”.

En tanto, el rector de la UMAG, Juan Oyarzo, expresó que “me parece bien que se avance al sexto decil en la gratuidad y podría haber sido al ciento por ciento, pero creo que no les alcanzarán los recursos. Para mí, ojalá que todos los que están estudiando en la educación superior tengan gratuidad”.

Fin del CAE en 2070

En lo que se refiere al término del polémico Crédito con Aval del Estado (CAE), la seremi Makuc se remite a lo planteado por el Ministerio de Educación (Mineduc), que señaló que “la Comisión de Hacienda aprobó de manera unánime la indicación presentada por el Ejecutivo que deroga el CAE al 2019 y que resguarda que dicha derogación será efectiva una vez que entre en funcionamiento un mecanismo que lo reemplace. Para estos efectos, el Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley durante el 2017 que proponga un nuevo mecanismo de financiamiento que será administrado directamente por el Estado, eliminando así a la banca de su administración”.

No obstante, precisó que “evidentemente hay que apuntar y avanzar a terminar con el sistema de crédito bancario y donde el Estado es aval. Tienen que haber oportunidades para las personas que no sea el endeudamiento”.

Según el diputado Boric, tampoco se avanzó hacia el final de la deuda educativa y del CAE, “que en la práctica se mantendría vigente hasta el 2070. Nosotros seguiremos trabajando desde todos los espacios posibles para concretar las metas por la que tantos estudiantes, profesores y trabajadores de la educación superior han luchado durante años. Esto no ha terminado”, concluyó.

Para el rector Oyarzo, “el problema con el CAE es que se alimenta a la banca privada. La idea es que los estudiantes, si es que se van a endeudar, lo hagan con un organismo que les entregue otro trato. Por eso los parlamentarios piden que si se elimina el CAE exista otro mecanismo que otorgue la ayuda requerida. Es necesario recordar que el CAE se hizo en su momento para ayudar a los estudiantes de menos recursos, pero como está hoy, es mejor sacarlo”.

“No soy partidario”

En lo que se refiere a la iniciativa que permite que el Consejo de Rectores sea integrado por todas las universidades reconocidas por el Estado que lo soliciten, la posición de Oyarzo es tajante y contraria. “No soy partidario de eso, porque el día de mañana los aportes fiscales directos que entrega el Estado podrían entrar a formar parte de estas nuevas universidades y por lo tanto, los recursos que se entregan podrían dividirse entre 30 y no entre 25 como es ahora”, explicó.

Oyarzo agregó que “más que por el hecho que divide la torta entre más universidades, es por un tema de principios, porque son instituciones que fueron creadas en condiciones muy distintas. Las instituciones que integramos el Cruch tenemos la categoría de universidades públicas, no así las privadas”.

Para Makuc, lo que se necesita “es que exista un sistema de educación superior que genere mecanismos en los que puedan participar todas las universidades que reciban aportes del Estado y que cumplan ciertos estándares que establece el Mineduc. De hecho, el proyecto de educación superior no sólo aborda la gratuidad, sino una institucionalidad que permita resguardar los derechos de los estudiantes y eso va a incluir una serie de instrumentos y espacios institucionales que permitan hacer eso, como la creación del administrador provisional, por ejemplo, como una superintendencia y una agencia que asegure la calidad. Es un cambio que va a dar a la educación superior una institucionalidad distinta y el Cruch debe formar parte de esa institucionalidad”.