Una fuerte tensión se ha instalado al interior de la DC, tras la votación en torno a las tronaduras de Mina Invierno.

Ayer, el consejero regional, Miguel Sierpe, criticó duramente la decisión de la Comisión Ambiental del Gobierno Regional en orden a rechazar esta modalidad de explotación, medida que fue impulsada por su propio partido, en los días anteriores.

Sierpe declaró al respecto que “no podemos prohibir una actividad económica como el carbón, si por el contrario no tenemos como región una alternativa que pueda generar esa cantidad y calidad de empleos en su reemplazo”.

Sierpe advirtió que “esta decisión es parte de un escenario regional fuertemente tensionado y polarizado, donde los actores ven las cosas, prácticamente, en blanco y negro cerrando así la posibilidad de un desarrollo económico armonioso y equilibrado entre medio ambiente y crecimiento”.

Morano
A su vez, el diputado Juan Morano, valoró la decisión de la Comisión de Evaluación Medioambiental de la Región de Magallanes, la que rechazó el uso de tronaduras por parte de Mina Invierno, como método de extracción del carbón en la Isla Riesco.

El parlamentario sostuvo además que “hemos logrado una votación histórica. Esta decisión es coincidente con la actitud que ha mostrado este Gobierno, representado por la Presidenta, Michelle Bachelet, quienes han fomentado el uso de energías renovables y limpias, frenando la utilización de combustibles fósiles que son mucho más contaminantes”.

Río Verde
Finalmente, la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, calificó de “insólita” la situación acaecida. 

“¿Por qué ahora, la Comisión de Evaluación Ambiental, integrada por casi los mismos seremis y presidida por el intendente regional, sanciona el proyecto de incorporar las tronaduras a las operaciones de Mina Invierno, que el año pasado había aprobado? En ese momento, se obtuvo la aprobación con 9 votos a favor, incluido el voto del intendente Flies, y sólo dos en contra, a pesar de contar con la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes.

En esta decisión, a juicio de la alcaldesa, primaron criterios políticos y no técnicos, lo que genera incertidumbre jurídica para la inversión, desconfianza en las instituciones y preocupación en los trabajadores y empresas relacionadas.