Un cierre progresivo de faenas que involucraría el despido de trabajadores ya a contar del próximo año, anunció ayer el gerente general de la empresa, Sebastián Gil, quien señaló a enero de 2020 como la fecha en que cerraría definitivamente la empresa. Todo ello, claro está, en el evento que no se revierta lo obrado por la Comisión Ambiental del Gobierno Regional, al rechazar el uso de tronaduras en las operaciones de esta mina y exigir, en cambio, un estudio de impacto ambiental.

Según explicó Gil, todavía es posible para la empresa seguir operando en un área donde los costos de operación son abordables, pero después de esa fecha habría que operar en una zona de arenisca mucho más gruesa, donde resulta imprescindible usar esta técnica porque de lo contrario, los costos de operación se incrementarían en exceso haciendo inviable la operación la mina.

Gil recordó que el 23 de febrero, un mes después del dictamen de la comisión del Gobierno Regional, la empresa presentó un recurso de reclamación ante la Dirección Nacional del Servicio Nacional de Evaluación Ambiental.

“Los argumentos nuestros tienen que ver con la falta de fundamentación de parte de quienes votaron en contra en la Comisión Regional en el mes de enero”, indicó Gil quien detalló: “Los argumentos tienen que estar basados en el expediente de evaluación. No es posible emitir argumentos que son opiniones personales u opiniones técnicas que no están basadas en el expediente de evaluación.

En esa votación, se emitieron juicios respecto de temas paleontológicos los cuales están debidamente abordados en el expediente de evaluación y los organismos técnicos recomiendan sin ninguna duda en sus informes, la aprobación del proyecto”.

-Se mencionó el informe del Consejo de Monumentos Nacionales para rechazar.

“El Consejo de Monumentos Nacionales está conforme con el proyecto, las medidas de control y las medidas de seguimiento... eso significa que los impactos están adecuadamente evaluados, que no son significativos y las medidas de seguimiento son apropiadas”. Agregó que los argumentos de la reclamación son técnicos y jurídicos y se refieren a lo que consideran “la falta de fundamentación en los votos en contra y que no se sostienen en el expediente de evaluación”.

Una vez admitido a trámite, el plazo formal es de 30 días, “aunque ello pueda variar en cada caso”, agregó.

Si el recurso fuera aprobado, la operación con tronaduras se podría iniciar en breve plazo. Un segundo escenario es que se devuelva al nivel regional para que se realice una nueva sesión. Lo peor para la empresa, sería el rechazo de la reclamación, “algo que veo poco probable”, dijo Gil.

La producción esperada para este año era de 3 millones de toneladas, pero sin tronaduras, ésta se disminuyó a dos millones. “El efecto en el empleo empezaría a notarse el próximo año “. De ahí en adelante, dijo, empezarían a adoptarse nuevas medidas para un cierre programado en caso de no revertirse la resolución, algo en lo que el ejecutivo confía plenamente, dado el tenor de los informes técnicos tenidos a la vista por las autoridades

-Pero el comité de evaluación es una instancia política. Si no, bastaría con los informes técnicos que fue lo que se esgrimió en enero.

-Las presiones políticas pueden existir pero los pronunciamientos deben hacerse sobre los méritos de la evaluación. No sobre argumentos que las personas pueden esgrimir a título personal. Alguien puede opinar que Chile no debe usar más carbón y votar en consecuencia. Pero ése no es un argumento válido que se pueda sostener después en la reclamación porque es un argumento que no tiene ninguna vinculación con a evaluación ambiental ni con el expediente, no se pueden hacer a título personal ni con argumentos terminan. No se puede votar a capricho”.

-¿Votaron a capricho, entonces, las autoridades regionales en enero?

- …, (se niega a responder).