De nada le sirvió asegurar su inocencia durante todo el proceso de la causa, ni menos señalar en juicio que él era la principal víctima. De nada, porque ayer el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas sentenció a nueve años de cárcel a José Saldivia Coyopae, como autor de los delitos de violación y abuso sexual en contra de una niña de 11 años, ocurridos entre los años 2009 y 2012.

La lectura de sentencia puso fin al juicio que se desarrolló la semana pasada y en el que se ventilaron, en audiencia, escabrosos detalles de cómo -de acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía y confirmado por el tribunal- el sujeto agredió sexualmente a la menor por lo menos durante tres años.

De acuerdo a los antecedentes, el hombre de 45 años, de oficio soldador, aprovechaba el quedar al cuidado de la menor, dado que su mamá trabajaba, para agredir sexualmente a la pequeña. Luego de dos años habría consumado la primera violación, lo que se habría repetido hasta agosto de 2012, cuando la menor finalmente lo amenazó con denunciarlo.

La condena

Ya el pasado miércoles la sala del tribunal había dictado condena, quedando abierta la posibilidad para que Saldivia recibiera los 13 años que solicitaba la Fiscalía e incluso más si se consideraban los 20 que pedía la parte querellante. Sin embargo, hay que considerar que el fallo fue dividido y que en la sentencia se precisa que “en lo que concierne a circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, no favorecen al acusado atenuantes, ni le perjudican agravantes”. La decisión por absolver la adoptó el magistrado Julio Álvarez, quien fundamentó que la prueba del Ministerio Público no era del todo concluyente para acreditar los delitos acusados.

En el fallo, el tribunal aplicó, además, las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; las accesorias especiales de interdicción del derecho a ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el lapso de 10 años siguientes al cumplimiento de la pena corporal; y 3 años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, por el delito de abuso sexual.

En tanto, por el delito de violación, el tribunal impuso al condenado las accesorias generales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; las penas accesorias especiales de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído como pariente en los casos que la ley designa, la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal, y 6 años de inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad.

De esta manera, tras la decisión de la justicia, el sentenciado continuará en la cárcel de Punta Arenas, donde se encontraba desde hace un año cumpliendo prisión preventiva, tiempo que le será abonado a su pena de nueve años.