Consultado en otro medio respecto a de qué manera ha afectado la toma feminista a la situación financiera de la Universidad de Magallanes (UMAG), el presidente de la Junta Directiva, el médico Gabriel González Lillo, señaló que “en forma seria, porque al no funcionar la UMAG, no se reciben las partidas económicas pertinentes, ya que mensualmente debe enviar el Ministerio de Educación y los sueldos de los funcionarios hay que pagarlos. Lo mismo ocurre con los gastos habituales como luz, agua, calefacción, etc”.
Pues bien; consultamos respecto a estas aseveraciones a José Palma, jefe de la división de educación general del Ministerio de Educación, quién se encuentra en Punta Arenas participando de la Jornada de Trabajo Macrozonal Sur Austral Aysén – Magallanes.
- El presidente de la Junta Directiva de la UMAG señaló que debido a la Toma, no se reciben las partidas económicas desde el Ministerio. En estas contingencias ¿se paralizan los recursos que se transfieren desde el Ministerio a las Universidades’
“No, después te doy detalles, pero primero no, no se paralizan. Una toma si bien puede tener un origen legítimo, nos parece que no es el camino que termine resolviendo los problemas, siempre el diálogo y el sin diálogo, resuelve los problemas (…) el ministerio no tiene por qué, no tiene herramientas, ni tampoco lo hace de restringir recursos a propósito de las Tomas, en absoluto.
Es más, cuando ocurre una Toma en un colegio
-que en Santiago y en Providencia ocurre mucho- los colegios mandan sus
planes de recuperación y se les sigue depositando su subvención. Los
aportes directos del Estado no se cortan, aunque estén en una Toma a
menos que la universidad y la oficina de la universidad que está a cargo
de esto, no haya podido hacer la pega.
Si no ha podido hacer la pega, mal podríamos nosotros transferirle. Es un tema que tiene que resolverla universidad a través de la gestión (…) las subvenciones se siguen entregando, para que puedan seguir funcionando las instituciones, desde ése punto de vista no, no es un argumento”.
- En declaraciones a éste medio, el rector Juan Oyarzo señaló que estaba en peligro la gratuidad por la extensión de la Toma
“Lo que pasa es que la gratuidad implica el pago por parte del Estado de una cantidad de recursos para cubrir las necesidades de la Universidad. Cuando hay una Toma, no hay clases, pero a los profesores hay que seguirles pagando, porque los profesores no son responsables que la universidad esté tomada”.
- ¿En todos los estamentos sean honorarios, contrata o planta?
“Hay contratos que hay que cumplir. Obviamente si yo tengo un contrato de honorario donde el profesor debe cumplir cierta cantidad de semanas de clases, tiene que hacerlas y si por motivos de fuerza mayor que no tienen que ver con él y no se hacen, hay que pagarlas. Si el profesor no va a clases, no le pago, pero si el profesor está disponible, pero no puede entrar a la sala porque el establecimiento está Tomado, hay que pagarlo”.
- ¿Pero afecta en algo el presupuesto?
“Aquí
el problema son los costos que esto significa, si luego a ése profesor
le vamos a pedir que haga las clases, a esos funcionarios se les va a
tener que pedir que trabajen más horas, que se recupere el día sábado y
todo eso son costos adicionales que hay que asumir con la misma plata.
Eso efectivamente es una dificultad, yo hago un llamado más que a decir lo que se pierde o lo que se gana, yo hago un llamado ferviente al diálogo. Cuando hay diferencias, estas diferencias siempre la mejor forma de resolverlas es con acuerdos, con diálogo”.
- ¿Pero no está en cuestión, desde el ministerio no se cortan los recursos de la gratuidad por las Tomas?
“No, en lo absoluto, no corresponde”.
- La semana pasada la a diputada Sandra Amar le entregó los antecedentes de la situación en la UMAG ¿están investigando?
“Lo
que pasa es que aquí lo que hace el Ministerio es tener una labor
normativa, de orientación, recuerden que las universidades son
autónomas. Todas las universidades o proyectos educativos son autónomos,
aunque sean del Estado. Tienen una autonomía, tienen su propia junta
directiva, su propio sistema de gobierno, su propia forma de elegir a
sus directivos.
Son autónomos y en ése sentido, al ser autónomos, el ministerio le corresponde más bien es dar las directrices y lo que nosotros hemos hecho como ministerio es decirle a las instituciones que tienen que tener manuales de convivencia universitaria y protocolos para poder asumir cuando estas cosas ocurren (…) Yo hago un llamado a generar esto, pero generarlo consensuadamente.
Tampoco se trata de generar algo para salvar la situación. Aquí se trata de generar algo serio, bien hecho, de hacerse asesorar por los que saben. Hay mucha gente experta en Chile y en el mundo en estos temas y también llamo a los alumnos a aportar en esa generación, entiendo que va a regular la convivencia al interior de una comunidad educativa, sea cual sea, pero la responsabilidad es de las universidades generarlas y ejercerlas. Es un deber ético hoy”.
Consultamos a la Unidad de Comunicaciones de la UMAG para confirmar o desmentir las aseveraciones de Gabriel González Lillo, pero nuevamente declinaron referirse a la Toma.
@PabloFortin