“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”.

Con esas palabras la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner rechazó, mediante un texto presentado ante el juez Sebastián Casanello, cualquier acusación vinculada con la causa conocida como “la ruta del dinero K”, que indaga la presunta expatriación y posterior repatriación de unos US$ 60 millones en un intento por legitimar esos capitales.

Muy sonriente y acompañada de unos 30 militantes kirchneristas, la exmandataria compareció nuevamente ante los tribunales por esta causa de lavado de dinero, un día después de que el juez Claudio Bonadio solicitara su prisión preventiva por “asociación ilícita” en el proceso conocido como “los cuadernos de la corrupción”.

Según la acusación, la operación ocurrió entre 2010 y 2013, cuando Cristina Kirchner era Presidenta de Argentina. En la causa destaca la figura a Lázaro Báez -estrecho colaborador de Kirchner y en prisión preventiva desde 2016- acusado de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de construcción.

El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el “entramado societario” para captar fondos públicos y “vehiculizarlos” parcialmente a las manos “de quienes entonces eran funcionarios públicos”, en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.

Según el diario Clarín, el empresario K aumentó considerablemente su patrimonio en pocos años. Por ejemplo, es dueño de varias decenas de departamentos, además de casas y terrenos. Entre sus propiedades figuran unos 25 campos con un total de 400.000 hectáreas en la Patagonia.

El caso se inició en 2013, aunque se viralizó en marzo de 2016, cuando un canal televisivo difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

En una de las propiedades de Baez en El Calafate se realizaron excavaciones hace diez días, por segunda vez en dos años, en busca de dinero enterrado en contenedores. Las pesquisas no tuvieron éxito.

La expresidenta asegura, según explica France Presse, que las causas en su contra tienen como fin proscribirla de la actividad política, en la que sigue siendo la principal figura de la oposición, con 30% de apoyo en las encuestas.

En su escrito, que difundió por las redes sociales, Cristina K se comparó con el exmandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, que se encuentra preso.

En respuesta a la principal acusación, Cristina Kirchner negó tener “cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona” y añadió que todos los activos familiares “están y seguirán estando en la República Argentina”.