Un traumático episodio vivido por un niño se ventiló ayer en una de las salas de audiencia del Centro de Justicia de Punta Arenas, luego de que se diera a conocer que una madre habría abusado sexualmente de su propio hijo.

Hasta el Juzgado de Garantía llegó citada la imputada a las 9 horas de la mañana, donde el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le indicó que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que se originaron la madrugada del 19 de septiembre del año 2018. Momento en el cual, la mujer, de iniciales K.S.V. llegó en estado de ebriedad a su domicilio, lugar donde habitaba junto a su hijo de 11 años de edad y su grupo familiar.

En esas circunstancias, la mujer se acostó junto a su pequeño hijo, instante en que cometió actos de significación sexual en contra del menor, tocando sus genitales, acto que conmocionó al niño y le provocó fundado susto, y que lo motivó a levantarse y contarle lo sucedido a una tía con quien también comparte el domicilio.

En esos instantes, al enterarse la tía del menor de lo sucedido, increpó a su hermana, y producto de su ingesta alcohólica se encontraba alterada y tironeó a su hijo llevándolo al living de la casa, donde lo habría zamarreado. Hasta allí los habría seguido la tía del menor, con el objetivo que la imputada suelte a su hijo. A pesar de esto, la imputada continuó agresiva, e incluso agrediendo a su hermana en la zona del pecho, lo que era advertido por el niño, provocándole temor. La hermana de la imputada resultó con lesiones.

Con estos antecedentes, a la imputada se le formalizó como autora de un delito de abuso sexual en contra del menor de edad, con la agravante del parentesco al tratarse de su propio hijo. A dicha investigación se le sumó el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, por la agresión a su hermana.

La imputada quedó con las medidas cautelares de la prohibición de acercarse a su hermana y el arraigo regional, esto según lo señalado por el representante del Ministerio Público, por arriesgar una pena de cárcel que superan los cinco años en una eventual condena. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 60 días.