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Dictan prisión preventiva para único imputado por ataques explosivos en la capital

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10/08/2019 a las 09:30
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El imputado de 28 años, es acusado de 6 delitos.

En prisión preventiva quedó Camilo Gajardo Escalona, el único detenido e imputado por 6 delitos que tienen relación con atentados explosivos en la capital.

El hombre de 28 años fue detenido este jueves por Carabineros en su domicilio en Puente Alto.

Entre los paquetes bomba que detonaron se encuentra el enviado al exdirector de Codelco, Óscar Landerretche y el dejado en un paradero del Transantiago en Providencia, que dejó a cinco personas lesionadas.

Respecto a los que no explosionaron, se encuentran el enviado al presidente del directorio de Metro, Louis de Granje, y los dejados frente a la Universidad Raúl Silva Henríquez y la Facultad de Agronomía de la U.de Chile, además de un artefacto incendiario al interior de un bus de la locomoción colectiva.

Uno de los motivos que tuvo el juez del Décimo Segundo Juzgado de Garantía de Santiago, Marcelo Ovalle, para determinar esta medida cautelar, se relaciona a que los casos que se le imputan “pueden ser calificados como hechos terroristas por cuanto causó temor injustificado en la población”.

Además, indicó que tras los hechos no se puede considerar como posible decretar arresto domiciliario total como había solicitado la defensa de Gajardo.

Tras el término de la audiencia, el abogado del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, quien actúa como querellante en la causa, calificó la medida de prisión preventiva como “una buena noticia para todo el país, para todos los chilenos”.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó una serie de pruebas para acreditar la responsabilidad de Gajardo, entre las que destacan una polera que fue encontrada en su domicilio y que habría sido captada por los registros de cámaras cercanas donde ocurrió uno de los ataques explosivos.

Sin embargo, esta y todas las evidencias presentadas fueron rebatidas por las abogadas defensoras de la Defensoría Penal Pública, Alejandra Rubio y Fernanda Bühler.

En tanto, se fijó un plazo para la investigación de 150 días, pese a que desde el Ministerio Público habían solicitado que se extendiera por 8 meses.

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