En las últimas horas de la semana pasada, Brasil puso en marcha la operación retorno del exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Mauricio Hernández Norambuena, conocido bajo el alias de “comandante Ramiro”.

Dicha determinación la tomó el Gobierno de Jair Bolsonaro, luego de un análisis interno sobre la posibilidad de que pudiera fugarse del país al estar por acceder al régimen abierto; es decir, salir de la cárcel y quedar con medidas cautelares por el tiempo que le resta de condena.

Según fuentes de Radio Bío Bío, para cumplir con dicho objetivo, en las últimas horas se contactaron con el Poder Judicial chileno desde São Paulo.

Y si bien no han llegado los documentos oficiales a la Cancillería, sí se comunicó la decisión, por lo que ya está al tanto el ministro Mario Carroza, que sustenta el proceso en Chile.

El asunto, según los que han conocido del tema, es que la administración Bolsonaro prefirió acceder a la extradición pese a la decisión que había fijado la Corte Suprema de Brasil en 2003, que condicionó el envío de Hernández a Chile sólo si se le aplica una reducción a 30 años de prisión, en vez de las dos condenas perpetuas que tiene que purgar en nuestro país: la del asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán; y el secuestro de Cristián Edwards, hijo del propietario de diario El Mercurio, Agustín Edwards. Ambos delitos cometidos en democracia.

Pero la justicia chilena desestimó tomar esa opción en julio de 2017, cuando, en fallo unánime, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión del ministro en visita Mario Carroza, que había rebajado la pena a presidio perpetuo para el Comandante Ramiro a dos penas de 15 años de cárcel para cumplir con la exigencia brasileña.

De este modo se mantuvo intacto el castigo a Hernández, que -junto a Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz Hoffmann, Patricio Ortiz Montenegro- estuvo cumpliendo condena en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, hasta que el 30 de diciembre de 1996 se fugaron gracias a la recordada “Operación vuelo de justicia”, en la que saltaron a una bolsa blindada -arrastrada por un helicóptero- que los sacó desde el patio del recinto ante la atónita mirada de Gendarmería, que no pudo evitar el escape de los reclusos.

Con todo, en esta ocasión fue la propia familia de Mauricio Hernández Norambuena, mediante un comunicado, la que encendió las alarmas y acusó al gobierno brasileño de querer extraditar “ilegalmente” al exfrentista.

Según detallaron, el “Comandante Ramiro” habría sido trasladado desde la Penitenciaría de Avaré a dependencias de la Policía Federal en Sao Paulo, lo que habitualmente se considera la antesala a la extradición definitiva.

La familia de Hernández afirmó que no fueron avisados o notificados sobre la extradición del chileno, quien -tras ser detenido en 2001- cumple una pena de prisión de 30 años en Brasil por el secuestro del empresario Washington Olivetto.

“La falta de información junto con la incertidumbre de lo que sucede con Mauricio y de las medidas que se quieren tomar contra él, nos inquietan y nos tienen en alerta”, remarcaron.

En la misma línea, Alberto Espinoza, abogado del subversivo, dijo desconocer el estado físico en el que se encuentra su defendido. “Desconocemos si hubo violencia en ese traslado”, subrayó.

“Luz de esperanza”

En tanto, la arena política chilena evidenció sus primeras diferencias ante la opción de su regreso.

El diputado del Partido Comunista, Hugo Gutiérrez, se cuadró con la familia y aseguró que si Bolsonaro procede con la extradición, cometería un desacato grave a la decisión del Tribunal Supremo de Brasil.

Por su parte, Issa Kort (UDI) destacó que el posible regreso es “una luz de esperanza, en que este caso pueda seguir avanzando en la justicia chilena”.

FUENTE BIO BIO