Luego de varios días que no habían detenidos formalizados por alterar el orden público en Punta Arenas, por las manifestaciones sociales que se desarrollan en todo el país, ayer nuevamente el Juzgado de Garantía acogió a antisociales.

Tras la marcha pacífica del lunes y pese al frío y la lluvia, al caer la noche un grupo de jóvenes se quedó realizando desórdenes y rayados en edificios públicos; ante esto, personal de Carabineros debió actuar. Así lo detalló el general Roberto Machuca, jefe de la Duodécima Zona Policial de Magallanes: “En la noche del lunes se detuvo un total de 12 personas, cinco por daños y siete por desórdenes públicos. A la fecha van 197 detenidos por esta contingencia, de los cuales son 42 menores de edad y 78 personas han pasado a control de detención y 119 han sido apercibidas ”.

Formalizaciones

De los 12 detenidos la noche del lunes, cinco fueron trasladados al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde se les indicó su responsabilidad en los delitos imputados.

Las primeras en pasar a control de detención, fueron dos escolares adolescentes de 16 y 17 años, a quienes se les detuvo alrededor de las 22 horas del lunes 4 de noviembre por Carabineros en calle Magallanes, luego de ser sindicadas como autoras de los rayados al frontis del edificio de la Intendencia de Magallanes, a pesar que la defensa a cargo de la abogada Verónica Reyes intentó alegar la ilegalidad de la detención, los antecedentes expuestos por la Fiscalía de haber sido vistas por las cámaras de vigilancia de Carabineros, el juez Juan Villa decretó legal la detención de ambas jóvenes.

En ese contexto, la fiscal Rina Blanco le indicó a las escolares que se inició una investigación en su contra por su participación en una marcha no autorizada por las calles céntricas de la ciudad, y luego al mantenerse con un grupo de jóvenes efectuaron desórdenes públicos, provocando daños en el edificio de la Intendencia Regional, lugar que es un edificio declarado de estar dentro de una zona típica, por lo que tiene una calidad de monumento nacional.

Se les indicó a las jóvenes que con spray de pintura rayaron el frontis, envases de pintura que le encontraron en la mochila que portaban. Con estos antecedentes, se les formalizó por los delitos de desórdenes públicos y daños calificados. Las estudiantes de tercero medio recuperaron su libertad, quedando con las cautelares de la prohibición de acercarse al edificio de la intendencia y la sujeción de la vigilancia a la Corporación Opción.

Otro de los detenidos, Ignacio Javier Solís Carvajal, de 18 años, también fue formalizado por el delito de daños calificados y desórdenes públicos. Ante lo cual, la fiscal Rina Blanco, le indicó que es investigado por su participación en las manifestaciones del lunes 4 de noviembre y alrededor de las 21.50 horas, junto a otros individuos se encontraban en la Plaza Muñoz Gamero, se acercaron a la Intendencia Regional, donde realizó rayados con pintura spray el frontis del edificio de gobierno, lo que fue advertido por Carabineros, y al llegar el carro lanza aguas dispersó el grupo, siendo detenido el imputado y a pesar de recuperar su libertad, quedó con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Otras dos jóvenes también debieron enfrentar a la justicia por haber participado en los rayados al edificio de la intendencia. Isabella Stefania Baeza Raffanel y Camila Andrea Vera Sandoval, esto luego de haber sido detenidas alrededor de las 21 horas del lunes 4 de noviembre, en circunstancias que se desarrollaban manifestaciones no autorizadas, Carabineros llegó al sector de la Intendencia de Magallanes, se percataron que ambas jóvenes realizaban rayados con spray de pintura en el frontis del edificio patrimonial del Gobierno, provocando daños con los rayados, ante lo cual fueron formalizadas por los delitos de desórdenes públicos y daños calificados. Ambas recuperaron su libertad, pero de manera parcial, ya que se les impuso la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, a la salida de la audiencia, la presidenta de la Anef, Doris Sandoval, no quiso referirse a la detención de su hija, Camila Vera.

En todos los casos, se indicó que los daños provocados fueron avaluados por el intendente de Magallanes José Fernández, en 50 millones de pesos.