La crisis política y social que da paso a las grandes movilizaciones condiciona la reacción y el entendimiento del parlamento, para que el 15 de noviembre, se subscriba el “Acuerdo por la Paz Social y nueva Constitución”, como parte de la solución a la crisis, trabajar en un nuevo acuerdo social y abrir una oportunidad para derogar la constitución de Pinochet. De esta forma serán los ciudadanos y ciudadanas, a través de un plebiscito el mes de abril, quienes definirán si quieren una nueva Constitución y cuál será el mecanismo para generarla, ya sea a través de una convención mixta o convención constituyente, que equivale a la asamblea constituyente al estar 100% integrada por chilenas o chilenos especialmente elegidos para esto.
Los distractores al acuerdo plantean que el control del proceso constituyente está limitado a lo que hagan los partidos políticos y que no está asegurada la participación ciudadana, al no incluir los pueblos originarios y los secundarios. Sin embargo, el acuerdo era un techo y se requería precisar las condiciones. El proceso a una Nueva Constitución debe hacerse cargo de los déficits de participación y representación política en Chile. Involucrar a la ciudadanía y su representación en todo el proceso, desde el plebiscito de entrada hasta el ratificante, es vital. De esta forma debe asegurarse la participación de chilenos y chilenas pertenecientes a pueblos originarios, a los secundarios, al movimiento feminista, a aquellos que viven en el extranjero y al mundo independiente.
En estos últimos 15 días la discusión política se ha abierto a la búsqueda de condiciones para asegurar la representación, para ello debe primero acordarse ampliar el número de constituyente por distrito al menos al doble. Para asegurar la integración y diversidad, los socialista hemos propuesto escaños reservados para pueblos originarios equivalentes al menos al 10% de los constituyentes y asegurando su diversidad. La elección de constituyente debe asegurar la paridad de género tanto en las listas en competencia como en los electos y electas (50% de cada género), para ello debe acordarse un mecanismo de acción afirmativa o votar por un hombre y una mujer. Dado el protagonismo en el conflicto social proponemos que la edad parar votar en la constituyente se rebaje a 16 años de edad. Un reducido número de chilenos y chilenas militan en partidos políticos, sin embargo la actual ley de votaciones le da ventajas comparativas, por ello resulta indispensable otorgar la posibilidad que el mundo independiente pueda inscribir listas, con candidatos que cumplan los requisitos que exige la ley. Por últimos, por diversas razones un gran número de chilenas y chilenos hoy viven en el extranjero, resulta de entera justicia asegurar su participación, por ello proponemos la creación de un distrito adicional en el exterior compuesto por los electores que se inscriban en los consulados. La Constitución debe incluirnos a todos y todas y darnos garantía a todas y todos.