En su tarea de regular, fiscalizar y denunciar, la oficina regional de la Contraloría General de la República, publicó el 30 de diciembre de 2019, un informe en que detalla irregularidades administrativas y de gestión de los fondos públicos en la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas.

Mediante unas denuncias, la entidad gubernamental inició una auditoría al Fondo de Desarrollo Indígena. El documento detalla que fue específicamente, a los subsidios otorgados para las modalidades de producción de concursos, licitaciones y convenio marco, imputados a las transferencias corrientes del subtítulo 24, ítem 01, asignación 576, del presupuesto del año 2018, otorgados por la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. El informe resguarda el nombre de las personas en los cargos mencionados. 

En la primera conclusión que se aprecia, se puede leer lo siguiente: “Se advirtió que el servicio no realiza una supervisión permanente y pertinente que permita determinar la buena ejecución y utilización de los recursos asignados mediante concursos públicos lo que impide verificar que se vele por un adecuado desarrollo económico y social de las personas y comunidades indígenas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, a través del Fondo de Desarrollo Indígena, como lo establece el artículo 39, letra f), de la ley N° 19.253. En consecuencia, se deberán emitir informes de supervisión, bimensuales como mínimo hasta que se emita el informe final del proyecto”.

Uno de los puntos detallas que existen cinco ejecutores del concurso “Microempresario y/o emprendedores” cuyos activos comprometidos no coinciden en su totalidad con lo establecido en los respectivos convenios y postulaciones. En el informe se detalla que aquella situación se observa como una modificación autorizada por la actual encargada de Fondo de Desarrollo Indígena y la anterior encargada.

“Respecto, de los hechos descritos precedentemente, el servicio deberá iniciar un procedimiento disciplinario en orden a establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de los hechos observados, debiendo remitir copia del acto administrativo que disponga el proceso disciplinario a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Contraloría General, contando para ello con un plazo de 15 días hábiles, desde la fecha de recepción del presente informe. Además, una vez finalizado dicho procedimiento disciplinario, deberá remitir el expediente sumarial a este Órgano de Control, para el correspondiente examen de legalidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11, número 5, de la resolución N° 6, de 2019, de esta Contraloría General de la República, para lo cual dispone de un plazo de 15 días hábiles contado desde que dicho proceso sumarial se encuentre terminado”, indica el informe.

De igual forma, el documento asegura que la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, no realiza supervisión de sus licitaciones. Lo anterior, se explica en el informe, hace que no se pueda “verificar el cumplimiento de la cláusula contractual que establece que la contraparte técnica corresponderá a la Encargada de la Unidad de Desarrollo Indígena de la Oficina de Asuntos Indígenas Punta Arenas, o a quien la reemplace, quien realizará, entre otras, la función de supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y todos los aspectos considerados en las bases de licitación que originaron el contrato, por lo que esa oficina deberá, en lo sucesivo, realizar sus procesos licitatorios de acuerdo con la normativa aplicable. Asimismo, deberá velar porque a futuro, los referidos procesos cuenten con supervisiones adecuadas que permitan resguardar el buen uso de los recursos públicos”.

Estos detalles y varios otros más, se encuentran en el informe publicado en la plataforma web de Contraloría, www.contraloria.cl/.