Por medio de un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, un locatario del mall Espacio Urbano Pionero acusó a la administración de dicho centro comercial de negarle el ingreso a su negocio, emplazado en el sector del patio de comidas, planta alta del recinto.

Cabe recordar que todos los malls del país se encuentran cerrados debido a la pandemia de Covid-19 que está afectando a Chile, como una medida para resguardar la salud de la población y de común acuerdo entre las empresas propietarias y la autoridad sanitaria, teniendo en cuenta que este tipo de establecimientos congrega a miles de personas a diario.

Actualmente, la región más austral del país superó el millar de casos positivos, y una eventual apertura de este recinto y la operación comercial de la mayoría de las tiendas y locales, especialmente de expendio de alimentos, podría implicar un alto riesgo de contagios. No obstante, según se detalla en la acción judicial, el cierre comercial del inmueble por razones sanitarias, “no puede impedir a los locatarios acceder físicamente al mall”.

Con esta premisa, el abogado Claudio Morán explica en el documento que su cliente, quien representa a la empresa Comercial Renacer Limitada, a cargo de una conocida heladería, mantiene en su local varias especies de su propiedad, entre las cuales se encuentran computadores, maquinas refrigerantes de variado tipo, mercaderías sujetas a frío y otros alimentos, algunos de los cuales estarían próximos a expirar.

Bajo este contexto, el afectado se habría comunicado hace algunos días con la administración del centro comercial requiriéndoles la autorización correspondiente y las facilidades para poder acceder y retirar algunos bienes, a lo que una funcionaria le habría informado vía Whatsapp que el propio administrador del mall se habría negado a aquella petición, aduciendo que la empresa del recurrente tenía “una situación especial”, condicionando su ingreso al envío de un listado que debía ser aprobado por la administración.

“Mi parte intentó comunicarse con ella de nuevo, pero no hubo respuesta”, se precisa en el recurso de protección.

En este sentido, el profesional letrado indicó que “mi cliente no tiene acceso físico a su local comercial, no para trabajar en él dado que el centro comercial está cerrado, sino que de facto se le impide sin ninguna justificación legal, de manera ilegal y arbitraria, a ejercer su derecho de dominio sobre sus bienes”, aseverando que se ha sabido de “varias situaciones de acceso a algún local comercial previo aviso o acuerdo con la administración”.

Según se señala en el documento, estas acciones constituirían una clara vulneración a la garantía del derecho constitucional relativa al derecho de propiedad, puesto que “de manera ilegal y arbitraria se está impidiendo a mi representado el ejercicio de su derecho de propiedad, sin existir litigio alguno vigente entre las partes”.