Un total de 8 demandas por Ley Zamudio se han presentado en la Región de Magallanes desde el año 2012, que entró a regir esta normativa que establece medidas contra la discriminación, hasta el 31 de mayo de este año.

La estadística se enmarca en el octavo aniversario de la entrada en vigencia de la Ley 20.609, tras una investigación del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para conocer el impacto de la norma, teniendo como fuente a cifras oficiales del Poder Judicial obtenidas mediante la Ley de Transparencia.

El estudio arrojó que entre las fechas indicadas se han presentado un total de 465 demandas a lo largo de todo el país, lo que representa un descenso de un 5,7 por ciento, y cuyo detalle es: Santiago (221), Valparaíso (48), La Araucanía (31), el Biobío (25), Coquimbo (23), Los Lagos (20), O´Higgins (17), Arica y Parinacota (13), Maule (11), Los Ríos (11), Aysén (11), Antofagasta (8), Magallanes (8), Atacama (7), Tarapacá (6) y Ñuble (5).

En el territorio más austral del país, el desglose por año es el siguiente: 2 en 2015: 3 en 2016; 1 en 2017, 1 en 2018 y 1 en 2019, sin que se registren ingresos durante el presente año.

“Magallanes ha sido una región que se ha caracterizado por una mayor sensibilidad con la diversidad social y con un menor prejuicio hacia las personas LGBTI en comparación con todas las otras regiones del sur de Chile”, valoró Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh.

Pese a lo anterior, aseveró que esta apertura no se ha traducido en una mayor visibilidad de la población LGBTI.

“Aún falta para aquello. No se debe olvidar que las bajas denuncias por discriminación, generalmente obedecen a que las víctimas se encuentran contextos que les impiden u obstaculizan alcanzar justicia, ya sea por temor a represalias o a hacer pública su orientación sexual o identidad de género. Ello se supera, con más visibilidad. Animamos a las personas LGBTI de Magallanes a organizarse por la autorerrepresentación de sus derechos”, agregó.

Categorías generales

De las 465 demandas cursadas desde 2012 a mayo del 2020, el 29 por ciento denunció discriminación por discapacidad, el 13 por ciento por enfermedad, el 12 por ciento por ideología u opinión política, el 7 por ciento por orientación sexual y el 4 por ciento por identidad de género. El resto se divide entre las otras categorías protegidas por la ley.

“La conclusión más clara y contundente de este rastreo de información es que la Ley Zamudio se ocupa poco, cada vez se utiliza menos y en escasas oportunidades, solo en el 23,4% de los casos, los procesos han terminado en sentencias. Esto viene a decir una vez más que la ley, desde el punto de vista punitivo, es un león sin dientes que debe reformarse para que efectivamente cumpla con su propósito”, concluyó el vocero del Movilh, Rolando Jiménez.