“Pensé que me quitaría la vida, tengo miedo de que me mate si sigo con él”, fue parte de la declaración que brindó una mujer ante Carabineros, luego de ser atacada por su conviviente, quien intentó de asfixiarla y estrangularla en un domicilio que ambos arrendaban; uno de los tantos episodios de violencia intrafamiliar que ha sufrido la víctima, y que la tarde del domingo pudo haber terminado en una tragedia.

Fue la certera intervención de los propietarios de la vivienda, quienes al escuchar los gritos de auxilio de la mujer, acudieron en su ayuda, logrando atestiguar el violento y desmedido ataque del individuo de iniciales F.A.S.Z., de 49 años, quien en ese momento apretaba con sus dos manos el cuello de su pareja, con la cual llevaba cerca de un año en una relación sentimental.

Sin embargo, en esos 365 días, la víctima también ha sido amenazada e insultada por el mismo sujeto, situación que se dio a conocer poco antes del mediodía de ayer en la audiencia de control de detención, instancia en que el Ministerio Público formuló cargos por el delito de femicidio en grado de frustrado en contra del imputado, además por dos delitos de desacato.

Los hechos

Según los antecedentes que expuso el fiscal Sebastián González, el hecho aconteció a las 13,25 horas del domingo al interior de una pieza de la vivienda que está emplazada en pasaje Cóndor, el individuo en manifiesto estado de ebriedad sostuvo una discusión con su conviviente, tras lo cual la arrojó contra una cama, tomó una almohada y se abalanzó sobre ella colocando dicho objeto en su rostro, el cual presionó con el fin de sofocarla, para acto seguido poner ambas manos en el cuello de la víctima y apretárselo con claras intenciones de asfixiarla y darle muerte.

Entre patadas y golpes que dio la mujer, también alcanzó a clamar por ayuda, gritos que fueron vitales, y que fueron escuchados por los arrendadores, los que ingresaron a la habitación interviniendo para conseguir que el atacante depusiera su actitud.

Desacato

En este sentido, se informó que F.A.S.Z. quebrantó lo resuelto por el Juzgado de Garantía de Hualaihué el 13 de enero de este año, que dispuso en contra del sujeto la prohibición absoluta de acercarse a la víctima, misma medida cautelar que estableció el Juzgado de Garantía de Punta Arenas el 19 de mayo pasado, junto con la obligación de hacer abandono del hogar común.

Debido a lo anterior, el persecutor solicitó enviar a la cárcel al imputado, argumentando que la libertad del mismo representaba un peligro para la seguridad de la sociedad, y evidentemente para la mujer.

Testimonios

Para aquello, se basó en las declaraciones que prestaron ante la Sección de Investigación Policial (Sip) de Carabineros ambos testigos del hecho, quienes escucharon desde la pieza que le arrendaban hace ocho meses a la pareja los gritos de auxilio que decían: “no me ahorques”, develando que son constantes las discusiones entre ambas personas.

También se dio a conocer el testimonio de la víctima, quien indicó que la discusión había surgido porque su pareja comenzó a discutir sobre un bote que quería comprar, y para no seguir con la conversación ella se trasladó hacia su dormitorio, instante en que comenzó la agresión.

“Como pude traté de zafarme, gritando y pidiendo auxilio”, detalló el fiscal respecto a la declaración de la afectada, agregando que el sujeto tiene problemas serios con el alcohol, y que ha interpuesto denuncias anteriores por violencia física de parte del imputado.

Historial de violencia

En este aspecto, el persecutor afirmó que “se ejecutan por parte del imputado dos conductas que están destinadas exclusivamente a producir la muerte de la víctima. Si esto hubiese durado 30 segundos o un minuto más, evidentemente le habría quitado la vida a la mujer, y lo único que la salva es un factor externo”.

Fundamentó además que en este caso concurriría la circunstancia agravante de haber sido condenado anteriormente por delito de la misma especie, debido a que el 22 de febrero de 2016 fue declarado culpable como autor de amenazas y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, siendo ésta vez la tercera causa que se le persigue por este tipo de ilícitos.

“Acá ha habido una escala de violencia por parte del individuo en contra de su conviviente y una reticencia absoluta a respetar las medidas cautelares impuestas por los tribunales. Si no se decreta la prisión preventiva, es evidente que habrá un nuevo intento de agredir y atentar contra la vida de la víctima”, puntualizó.

Pese a que la defensora Vania Cáceres se opuso al encarcelamiento de su representado, el magistrado Juan Villa consideró que sí hubo una intención homicida, estimando que la libertad del sujeto constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima, ordenando el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas, estableciendo finalmente un plazo de 90 días para el cierre de la investigación.