Una de las mayores facultades que entrega la Constitución a quienes tenemos una responsabilidad parlamentaria, es la acusación constitucional, herramienta que desde 1990 a la fecha, ha sido ocupada en diversas ocasiones, con distintas autoridades y con diversos resultados.
Es la opción de poder analizar desde un punto de vista crítico las diversas actuaciones que tienen tanto los ministros de Estado, los ministros de las todas las cortes de apelaciones de Chile, las autoridades de la Corte Suprema, intendentes, entre otros donde en base a razones sumamente fundadas se presenta el escrito que debe ser analizado por una comisión especial de la Cámara de Diputados, posteriormente ser votada en la misma Sala de la Corporación, y si es aprobada, ser vista en el Senado quien actúa como juez.
Todo el anterior proceso enmarcado en el legítimo derecho del acusado de defenderse con diversos invitados y abogados, que plantean con justicia, todos los argumentos que buscarán derribar la acusación presentada.
En definitiva, para acusar hay que tener argumentos muy sólidos – tanto de forma como de fondo – e ir más allá de una simple figuración comunicacional porque de avanzar significa la destitución de la autoridad (en caso de que esté en ejercicio) y su inhabilidad para ejercer cargos por 5 años.
Por eso cuando nos enteramos de la presentación de la acusación constitucional en contra del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich al borde de que se cumpliera el plazo legal para ser ingresada, no nos puede dejar indiferentes.
Y eso es así, porque es totalmente claro que no tiene finalidad alguna, más allá de hacer ruido con una exautoridad que ya hace mucho rato dejó el ejercicio del cargo, y que independiente de la legitima opinión que pueda tener un ciudadano sobre el ex ministro de salud, cualquier acusación se debería haber realizado una vez que dejó el cargo.
Es grave que comencemos a utilizar de mala manera las acusaciones constitucionales porque sólo en el ejercicio actual del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ya son 8 los libelos presentados; seis contra ministros de Estado y el propio Presidente, y 2 contra el Poder Judicial, lo que deja en evidencia que muchas de ellas sólo buscan propinar un golpe político a la actual administración.
En la reforma constitucional del año 2005, en el artículo 52 de nuestra Carta Fundamental, se estableció la opción de poder interpelar a los ministros de Estados, situación que parece de toda lógica ya que nos permite como atribución exclusiva de los diputados, el poder hacer las preguntas que estimemos a dicha autoridad, en base a un cuestionario.
Eso aumenta aún más la visión de que las acusaciones constitucionales están sumamente mal usadas.
Y a mayor abundamiento, este último escrito ni siquiera fue apoyado por toda la oposición, lo que revela aún más la debilidad de los argumentos esgrimidos.
En la última acusación en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, los argumentos no me generaban mayores dudas porque sin duda alguna eran muy sólidos. Pero en ese caso creo firmemente que una actuación del año 2016 tiene que ser sancionada por las propias autoridades judiciales, en base al principio de independencia de los poderes del Estado porque tal como a los parlamentarios nos molesta que otro poder se inmiscuya en nuestra labor, pienso que ocurre lo mismo con los jueces de la República, con la salvedad de que exista un hecho evidente y notorio que nos obligue a utilizar la acusación.
Por eso creo firmemente que debemos retomar esa tradición republicana – que no significa para nada el “hacernos el loco” ante un hecho grave y evidente – de que la herramienta de la acusación constitucional sea utilizada con sólidos argumentos y no con un fin político y comunicacional. La ciudadanía espera mucho de nosotros, sus parlamentarios, y este tipo de situaciones no hace más que generar un mayor descrédito en el Congreso Nacional.