Recuerdo como si fuera ayer la carta que el “candidato” Sebastián Piñera les enviara a los funcionarios públicos para que “confiaran” en su futuro gobierno. “Valoro profundamente a quienes día a día trabajan y engrandecen a Chile como servidores públicos”, señalaba Piñera en el texto. En todo caso, el papel soporta cualquier cosa, lo que da pena es que algunos servidores públicos hayan creído tamaña mentira.

No contento con vetar proyectos como la prórroga del pago de los permisos de circulación, el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el proyecto de ley que prohíbe el corte de suministros básicos y la ley de protección de la niñez, ahora aplica el veto, pero esta vez dando un duro golpe a los funcionarios públicos, ya que, una vez aprobada la Ley, nuestro pedestre presidente pone una vez más una piedra en el camino para el sector público.
El día martes 18 de agosto, el Senado aprobó el proyecto que incorpora al procedimiento de tutela de derechos fundamentales a todos los funcionarios públicos y municipales, ratificando los cambios realizados por la Cámara de Diputados. La normativa, según quedó plasmado en el proyecto, establece que: “el procedimiento de tutela laboral beneficia a todos los trabajadores, incluidos los funcionarios de la administración pública, del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de las empresas públicas; igualmente a los trabajadores del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del Servicio Electoral, de la Contraloría General de la República y del Banco Central; y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos”. El proyecto modifica el Código del Trabajo, respecto a esclarecer el ámbito de actuación de la Dirección del Trabajo en materia de tutela laboral y clarifica el pago de la indemnización para trabajadores del sector público, en caso de acogerse a la denuncia por esta razón. Y precisa que si el juez declara que el despido de funcionarios de la administración del Estado es discriminatorio y es calificado como grave, el trabajador podrá optar entre la indemnización que corresponda o bien su reincorporación al cargo.

En mi opinión, y luego de haber sido funcionario público y funcionario Municipal, puedo decir con conocimiento de causa, que ésta era una de las leyes más importantes para el sector, pues reconocía un derecho que debiese ser universal para el(la) trabajador(a) en Chile. Pero resulta que para “el último en las encuestas” el tema no reviste la importancia que una Ley de la República le pueda dar, y en consecuencia, decide “vetar” la Ley ya aprobada por amplio respaldo -29 votos a favor y 8 abstenciones- en el Senado.

Puede que muchas personas piensen que los funcionarios públicos son flojos o no hacen su pega, pero resulta todo un contrasentido cuando son ellas y ellos los que forman la primera línea de la salud, los que fiscalizan a pacientes COVID-19 positivos, los que entregan las canastas familiares, y en general, los que anónimamente trabajan día a día en plena pandemia para cada uno de nosotros.

Mis sinceros respetos a cada funcionario que, en plena pandemia, ha enaltecido la función pública.