“El hogar de un hombre es su castillo”. Así quedo consagrado en la Carta Magna Inglesa de 1215, uno de los pilares de la Constitución de Gran Bretaña, y que transversalmente informa las bases de casi todos los ordenamientos jurídicos del mundo, más conocida como el “derecho a la inviolabilidad del hogar”. Si, el hogar de toda persona es inviolable, y esa norma prevalece sobre la ley común, de esas que requieren solo simple mayoría en el congreso, y por cierto sobre decisiones de la autoridad administrativa. Solo en virtud de una orden judicial se puede allanar un hogar por la policía, y la única excepción es el caso de delito flagrante en su interior en que la víctima pida auxilio.
“Pero el Estado, ese “maravilloso” Estado que todo lo puede y pretende salvarnos de nuestras penurias, esta jugando a correr el cerco, aprovechando la pandemia. Es por eso que nos ha restringido arbitrariamente el derecho a usar nuestro automóvil no obstante estar autorizados a salir a pie, medida que partió en Punta Arenas pero se considera aplicar en otras regiones y ciudades. “Vivimos en una dictadura sanitaria” dijo recientemente el ex Ministro Jaime Mañalich, y no podemos mas que estar de acuerdo, y en una dictadura se limitan y conculcan derechos individuales. En aras de la emergencia sanitaria, están limitados los derechos de libre desplazamiento, de reunión, de uso de vehículos, ahora la inviolabilidad del hogar. Pero también están limitados el derecho al trabajo, el derecho de llevar a cabo cualquier actividad económica licita, y de esas limitaciones surgen otras, como la libertad de culto también hoy limitada. No se puede viajar libremente, no se puede transitar ni a pie ni en vehículo ciertos días, a cualquier hora, de una ciudad a otra. No se puede abrir un café, trabajar en el, no se puede adorar a Dios en público. Hay que abrir la puerta se pretende, a un funcionario del Minsal para que entre a revisar su vivienda para constatar una posible falta, no delito. Los procesos judiciales son remplazados por “sumarios sanitarios” de dudosa constitucionalidad , remedos contencioso administrativos reñidos con el debido proceso, otro principio que también nos viene de los ingleses.
Si, el Estado escudado en la pandemia corrió el cerco de nuestros derechos y libertades, pasando de lo estrictamente necesario esto ,de manera que cada día un burócrata se mete a restringir nuestros derechos individuales consagrados, lo peor es que tales situaciones se normalizan y el grueso de las personas dejan de percibir que sus derechos son conculcados, como si el fin justificara los medios, lo terrible es que no esta claro el verdadero fin de todo esto.
Es que las vacas sagradas de la burocracia estatista cual resabios culturales de otras épocas siguen ahí, y aprovechan cualquier oportunidad de hacer sentir su poder a los ciudadanos. Hace pocos días el Servel publico una lista de medidas para realizar un “plebiscito seguro”. El Servel carece de cualquier competencia técnica a efectos sanitarios, sus “normas” no son mejores que las de cualquier cadena de supermercados, solo que pretenden aplicarlas a 14 millones de electores, sin jamas haber contado con una consultoría de institución científica y técnica, así nomás, sin siquiera haber revisado y evaluado local por local, sus baños, su ventilación su circulación de aire y muchos detalles. Si dichas “normas sanitarias” fueran eficaces pues ya deberían aplicarse a todas las actividades y permitir el normal funcionamiento de cafés, restaurantes, malls, cines y terminar las cuarentenas que serian innecesarias, pero no es así, todo es una gran mentira, otro engaño mas en favor del estado como guarida de la clase política. El Estado decide que se hace y que no, quien trabaja y quien no, quien sale y quien no, quien puede usar su auto y quien no, si allanan su casa o no, si su iglesia funciona o no. Y da la orden de ir a votar a su propio riesgo lo que implica sin libertad ni seguridad, y sin información para decidir, porque ha sido y es imposible hacer campaña, todos derechos consagrados en la Constitución que el Estado quiere cancelar y cambiar. Pronto vendrá la conculcación del derecho a opinar libremente, de pensar y expresarse en contrario al “nuevo orden”, la cultura de la “cancelación” en camino. Castigo al disidente, al que no se somete.