Un año y dos meses han transcurrido desde que la familia de Karen Alcaíno, una joven excursionista que perdió la vida en el Monte Tarn, interpusiera una querella por cuasidelito de homicidio ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en contra de quienes resulten responsables, pero al día de hoy no hay responsables, considerando una serie de errores y omisiones que derivaron en el fallecimiento de la víctima.

Para recordar un poco este caso, el hecho se suscitó la tarde del viernes 11 de enero de 2019, cuando Karen y otros tres amigos iniciaron una travesía rumbo al Monte Tarn, localizado a 79 kilómetros al sur de Punta Arenas, viaje del cual no se dio aviso a Carabineros. Pese a ello, y al transcurrir las horas, el grupo se extravió solicitando en reiteradas ocasiones ayuda al personal policial para proceder con el rescate.

Múltiples fueron los esfuerzos que hicieron los efectivos de Fuerzas Especiales y del Grupo de Operaciones Especiales Policiales (GOPE) de Carabineros, llegando hasta el lugar sin éxito en la búsqueda, y sin que el helicóptero institucional lograra aterrizar en el lugar, teniendo que desistir del operativo hasta el día siguiente ante una copiosa tormenta de nieve o viento blanco, condiciones que debieron enfrentar los cuatro jóvenes, sin que les quedara otra alternativa más que pernoctar a la intemperie.

La víctima fatal, con el frío y el cansancio de la caminata se debilitó, siendo socorrida por funcionarios del GOPE, quienes llegaron a las 7 horas del día siguiente, trasladándola a pie por algunos metros hasta fallecer por hipotermia severa en el trayecto, sin lograr llegar por sus propios medios hasta donde permanecía un vehículo policial.

Pero ¿cuáles fueron los errores? En primer lugar, el deceso de Karen, fue comunicado por Carabineros al otrora gobernador provincial Nicolás Cogler recién a las 20.30 horas del sábado, sin que ni él ni la exintendenta María Teresa Castañón supieran el real estado de la situación el día anterior, cuando se gestó el procedimiento.

Asimismo, se dijo que el fallecimiento había sido una “muerte por hallazgo”, lo que no es cierto, ya que la joven estaba viva al momento de ser encontrada.

Se reprochó además de que el helicóptero que llegó al sitio del suceso no disponía de los elementos técnicos como un tecle que hubiese permitido levantar a la persona que estaba en grave estado de salud, tampoco el equipo del GOPE habría sido dotado de elementos apropiados para combatir la hipotermia, como lo son las mantas térmicas que normalmente utiliza la Armada en rescates marítimos, ni tampoco fueron acompañados de profesionales especialistas como paramédicos.

No se dio aviso al COE

Esto fue un tema de conflicto en la álgida sesión del Sistema Táctico Operativo Policial (STOP), efectuada a puertas cerradas el martes 15 de enero en las dependencias de la Prefectura de la institución uniformada, ya que las autoridades pidieron explicaciones a Carabineros de por qué la situación no les fue comunicada cuando estaba en pleno desarrollo.

Cabe indicar que en ese entonces Cogler aseveró que de haber sabido antes, y tal como se debe hacer en este tipo de circunstancias, pudo haber activado el Comité de Operaciones de Emergencias (COE), lo que no se hizo, y de lo cual ni el mismo director regional de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) estaba enterado. Si el aviso hubiese sido oportuno, la gobernación podría haber instruido a las otras ramas de las Fuerzas Armadas intervenir en este procedimiento de salvamiento, y quizás el resultado pudo haber sido distinto.

Esta eventual omisión de deberes de la institución policial, quedó en ser investigada por el Ministerio Público, siendo instruido para llevar a cabo este caso el fiscal Oliver Rammsy, quien a su vez ordenó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) recabar todos los antecedentes. Incluso en una ocasión se dijo que se llevaría a cabo una reconstitución de escena, lo que con el transcurso de las semanas quedó descartado.

Asimismo, se designó como encargado de coordinar las pesquisas e indagaciones al subcomisario Jorge González, luego de la salida del comisario José Luis Lillo de la Brigada de Homicidios.

Lo último que se supo del caso fue que la familia contrató al abogado Juan José Arcos, quien interpuso la querella en agosto del año pasado, sin que hasta entonces se haya revelado algún avance en la causa.

¿Qué ha pasado

desde entonces?

“La última vez que hablé con el fiscal, que yo le pedí hora, porque sentía que era como molesto para ellos que yo fuera a la Fiscalía, fue después de presentar la querella. Acá nunca fue una muerte por hallazgo, porque ella estaba viva, ella cuando la encontraron dijo cómo se llamaba, lo único que ella no contestó fue dónde estaba, porque en ese momento estaba desorientada”, manifestó Paula Abarca, madre de Karen.

En ese sentido, criticó que desde que empezó esta causa, nunca el fiscal a cargo la ha contactado para darle cuenta de los avances o diligencias que se estén realizando, algo que calificó como “inédito”.

“Es inédito. He tratado de hacer esta investigación sola, trato de colocar fotos de ella en las redes sociales, para que la gente me apoye, y lo he intentado hacer en silencio para que mis otros hijos no se preocupen, porque después de la muerte de mi hija se murió la familia completa. No fue sólo Karen, sino que todos nos fuimos con ella el día en que partió. Yo tengo hambre de justicia y creo que ese es el motivo por el cual me levanto día a día. Siempre me pregunto ¿qué hago? Porque tampoco quiero pasar a llevar a nadie, ni culpar a nadie, entonces pienso ¿qué es lo que debo hacer?, ¿dónde más puedo pedir ayuda?, ¿cómo lo hago? Siento que la justicia acá no ha actuado bien y desde la Fiscalía dicen que no tienen a quién echarle la culpa”, comentó.

En el mismo tenor, Pedro Alcaíno, padre de Karen, reconoció que “mi señora ha tenido más fortaleza para seguir intentando. Yo me desaliento con mucha facilidad, por todas las cosas que uno ve en las noticias, todos los casos de injusticia que se han visto. Todas las muertes, asesinatos, que son noticias un día y después la gente se olvida. Todas esas cosas son desalentadoras y entonces ¿qué nos queda a nosotros?”.

Consultada Paula respecto de su visión de que a la fecha no exista una persona responsable por las eventuales omisiones, ella sinceró que “es una angustia y un dolor que se vive día a día. La gente puede decir que esto ya pasó, pero para mí fue sólo ayer, es algo que mantengo vivo todos los días y siento que no ha habido justicia porque ¿quiénes somos nosotros? Yo sólo quiero justicia para mi hija, nada más, porque Carabineros dio otra versión, y la gente no sabe lo que pasó, que ella estaba viva cuando la encontraron”.

Acción civil

Finalmente, el abogado Juan José Arcos, manifestó escuetamente que en las próximas semanas se interpondrá una demanda civil por indemnización de perjuicios, ya que “no se activó el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) que correspondía”, acción que estaría dirigida en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En torno a la causa penal, Arcos reveló que se ha tomado declaración a algunos exaltos mandos y otros funcionarios de Carabineros en Magallanes. Consultado ante eventuales responsables, sólo sentenció diciendo “eso es secreto de investigación”.