Las leyes 21.073 -que definió la elección de gobernadores regionales a partir de abril del próximo año- y 21.074 -que estipuló el fortalecimiento de las regiones a través del traspaso de competencias-, promulgadas en febrero de 2018, aspiran a lograr una descentralización efectiva del país. En Magallanes y Antártica Chilena desde hace décadas esto es algo que se anhela. Pero surgen muchas dudas. Un estudio del Centro de Políticas Públicas de la PUC hace ver que son varias cosas que no están bien resueltas. Incluso asuntos que no fueron mayormente analizados en esas leyes pueden ser motivo de disputa. Por ejemplo, la investigación demuestra que la distribución de los gastos de funcionamiento de las distintas regiones no sigue una lógica replicable. En parte, porque no hay un conjunto de parámetros conocidos que la guíe. Para las autoridades que sean elegidas en abril del próximo año va a ser, posiblemente, un motivo de controversia. Esto puede ocasionar numerosos problemas una vez que se decrete la transferencia de competencias a las regiones. Si bien ese proceso, que comenzaría en 2022, está acotado a las áreas de ordenamiento territorial, fomento productivo y desarrollo social y cultural, la concreción del traspaso supone la verificación de la disponibilidad de recursos económicos y personal. Indudablemente que si hay errores en la determinación de los costos que supone desarrollar las tareas que se les asignan a las regiones, estas no podrán ser ejecutadas apropiadamente. No queda claro, una vez traspasada la competencia, que se evitarán duplicidades ni cómo impedir que ello se produzca, ya que hay que considerar que los gobernadores regionales coexistirán con los delegados regionales presidenciales. Además, es posible imaginar que la autoridad central pueda estar insatisfecha con el desempeño de la autoridad regional en el ámbito traspasado.