La quema de la  Iglesia San Francisco de Borja y de la Iglesia de la Asunción, una de las mas antiguas de Santiago, ha suscitado el rechazo unánime de las fuerzas políticas y del Instituto de Derechos Humanos, queda pendiente la investigación y el esclarecimiento de los hechos, la parte compleja, el problema real, porque las declaraciones acerca de la defensa de la libertad religiosa y las condenas generalizadas a la violencia eran obvias, no aportan en nada, excepto testimoniar la impotencia e incapacidad de contener.
Tan grave como el atentado mismo es la desconfianza generalizada en las instituciones que hacen poco previsible un resultado que resulte aceptable para la gran mayoría de los chilenos. La condena a la violencia venga de donde venga y las declaraciones en contra de quienes instiguen y justifiquen la violencia son palabras al viento, porque no existe un sector político que justifique dichos atentados, menos, individuos, personas o grupos que en aras de una gran causa los reivindique.
El reciente descubrimiento de un agente encubierto de Carabineros, que reconoce haber intervenido en un contexto poblacional, sin una justificación razonable, sin resultados, ni pruebas concretas que hayan hecho necesaria su intervención o una resolución judicial que autorice su  trabajo en una investigación formal, ponen un nuevo manto de dudas sobre estos hechos, máxime si se considera que tan pronto como ha acontecido la quema y mientras todavía quedaban cenizas, ya surgían las primeras provocaciones, que insinuantes, atribuían el caos y la violencia al movimiento social y a la conmemoración del 18 de octubre, sobretodo en un atentado incendiario perpetrado en el epicentro de la protesta social y en fecha próxima al plebiscito.
Con todo, la historia no está del lado de los acusadores, que precipitadamente inculpan a quienes protestan, el movimiento popular en Chile, encontró en sus momentos más duros cobijo y protección en la Iglesia, la institución que se erigió, a diferencia de lo ocurrido en otras latitudes, en la voz de los sin voz.  Luego, no existen razones históricas que avalen odiosidad hacia la Iglesia Católica, menos en un país en que se respeta la libertad de cultos y existe una amplia protección para todas las iglesias y sus templos.
Las suspicacias acerca de quienes instigan o promueven la violencia pueden ser múltiples, nuestra región es testigo que el único gran atentado contra un templo católico, fue ejecutado  en nuestra ciudad por agentes del Servicio de Inteligencia, el recordado atentado contra la Parroquia Fátima, en la Población 18 de Septiembre, una herida que demoró años en cicatrizar.
Existe por tanto, la legítima desconfianza en la versión oficial, en sus instituciones, y su probada incapacidad de investigar con eficiencia y sancionar a los culpables.  El Ministerio Público, está al debe, la policía genera desconfianzas, máxime si recibió instrucciones superiores para estar ausentes y se marginó en el centro de Santiago de medidas básicas que garanticen el orden público. Existe en esto responsabilidad política, no administrativa o estrictamente policial.
La quema, no es un acto consciente que tenga como finalidad perpetrar un atentado contra el patrimonio cultural o una manifestación de cristofobia, sino que, en si misma es una manifestación de irracionalidad, rabia, desconcierto o temor a un cambio de época, que de paso deja al descubierto una política errática de seguridad ciudadana que oscila entre enceguecer a los jóvenes o una extrema permisividad, con evidente incapacidad de garantizar el orden público sin necesidad de recurrir a extremos que vulneren los derechos humanos.