Una denuncia anónima le permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) detener la tarde del miércoles a una persona que se dedicaba a comercializar y distribuir droga en la ciudad de Punta Arenas, por medio de la modalidad delivery.

A raíz de lo anterior, fue arrestado Víctor Sebastián Cartagena Lira, quien durante la jornada ayer debió comparecer como imputado en la respectiva audiencia de formalización.

En la instancia, el fiscal Manuel Soto dio a conocer los antecedentes que surgieron cuando efectivos de la Brigada Antinarcóticos (Brianco) de la PDI realizaban diversas diligencias tras una orden de investigar, llegando hasta un domicilio del sector de Pampa Alegre, donde el mismo imputado accedió voluntariamente a que los detectives ingresaran y registraran las dependencias, encontrando dentro de diversos contenedores como frascos, cajas y envoltorios, la cantidad total de 590 gramos de marihuana.

Asimismo, en una habitación mantenía un sistema indoor completamente equipado, con 15 plantas de cannabis sativa en proceso de crecimiento. Según explicó el jefe de la Brianco, comisario Patricio Flores, de haber sido comercializada aquella droga alcanzaría un valor que supera los 12 millones de pesos.

Por todo lo anterior, el persecutor solicitó imponer las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y de arraigo regional, precisando que las especies vegetales y la sustancia encontrada no permitían presumir que sea para su consumo personal y próximo en el tiempo, además que no contaba con la autorización para realizar un cultivo indoor de estas especies.

En la instancia, se dio a conocer la declaración que efectuó el imputado, quien reconoció vender marihuana, en cantidades de 0,7 gramo a 10 mil pesos, mientras que los 7 gramos a 50 mil pesos. Admitiendo que la comercialización la hacía previa coordinación por Whatsapp para trasladarse en vehículo a los domicilios de los clientes

Por lo anterior, el magistrado Cristian Armijo accedió a lo pedido por la Fiscalía, decretando las medidas cautelares antes indicadas, y estableció un plazo de 70 días para cerrar la investigación