Por el delito de prevaricación y un cuasidelito de homicidio, la familia de una adulta mayor interpuso ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una querella criminal contra quienes resulten responsables, en un caso que se remonta al mes de julio de este año, y donde, tras una serie de decisiones erróneas, se tuvo que lamentar el deceso de la señora María Fernandoy Relagante.

Todo comenzó cuando se aplicó la cuarentena para la capital regional de Magallanes por los altos contagios de Covid-19, medida decretada en carácter de total para las personas mayores de 75 años, quienes quedaron totalmente imposibilitados de salir de sus hogares.

Fue así que en una causa judicial por supuestos abusos en perjuicio de la señora María, la magistrada del Juzgado de Familia de Punta Arenas, Marcela Vergara, ordenó el 28 de julio pasado el ingreso al Hospital Clínico de Magallanes de la víctima, con el objeto de que ésta pudiera recibir atención médica adecuada.

En agosto de este año, en esa misma causa, dicha jueza habría dispuesto en la audiencia de preparación de juicio una medida cautelar que consistía en que la mujer afectada fuese ingresada a un Establecimiento de Larga Estadía del Adulto Mayor, por un plazo de 180 días.

Sin embargo, mientras esperaba el cupo respectivo para formar parte de este Eleam, ella se mantendría internada en el principal recinto asistencial de Punta Arenas, y de acuerdo a la disponibilidad de camas, se podría ORDENAR su traslado a un Hospital de menor complejidad dentro de la Región.

De esta forma, los hijos de la víctima ingresaron un escrito al tribunal solicitando el egreso de su madre del Hospital Clínico, por haberla encontrado en malas condiciones cuando la fueron a ver, constatando que no la habían aseado, y que estaba totalmente abandonada.

Sin embargo, y tras permanecer por algunos días en el recinto médico, la señora María se contagió de Covid-19, y a causa de este mortal virus terminó perdiendo la vida a las 23,50 horas del sábado 29 de agosto.

“Todo esto hace que esta persona, de una edad superior a los 75 años, se contagie de Covid y termine falleciendo producto de esta resolución que nosotros consideramos absolutamente injustificada por parte del Tribunal, donde no se observan las mínimas normas que había establecido la autoridad sanitaria y expone la salud de la víctima al contagio y a fallecer producto de esta enfermedad”, sostuvo el abogado patrocinante, Juan José Arcos.

Por todo lo anterior, la querella pide que se remitan los antecedentes a la Fiscalía Local, a fin de que en definitiva se formalice la investigación, para que los responsables de estos ilícitos sean condenados a tres años de presidio, al pago de los perjuicios y demás indemnizaciones legales que se deduzcan en la acción civil correspondiente.

También, solicita que se efectúen diversas diligencias y se llame a declarar, entre otras personas, a la otrora seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, con el fin que dé cuenta de las recomendaciones existentes sobre el acceso de personas de la tercera edad a los hospitales con pacientes Covid-19.