Ayer se cumplió una semana desde que el reo, Dago Mansilla Ule, se quitase la vida en el Recinto Penitenciario de Punta Arenas.

El interno -de 32 años- estaba en prisión preventiva por entrar a robar a una casa ubicada en la población Juan Pablo Segundo. Los hechos habrían ocurrido en marzo del año pasado. En su formalización se dijo que el individuo había sido condenado 17 veces. Cinco días antes de su muerte, Mansilla tuvo su última audiencia con la justicia por un caso de violencia intrafamiliar.

Las trágica decisión que tomó el reo motivó a una reunión entre Gendarmería, el Servicio de Salud de Magallanes, la Seremi de Justicia, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El objetivo de la cita era revisar el convenio suscrito entre la institución penitenciaria y el servicio de salud.

“Hay que informarle a la comunidad magallánica que dentro del establecimiento penitenciario de Punta Arenas hay cierto módulo que es netamente de responsabilidad del Servicio de Salud de Magallanes”, explica el director subrogante de Gendarmería, comandante Dan Toro.

El convenio de ambas instituciones data del 2013, por lo que el objetivo es modernizar el acuerdo para mejorar la calidad de vida de los internos en ese módulo. “Se van a tomar acciones para corregir todo lo protocolar que está quedando obsoleto”, dice el comandante Toro.

Según el director subrogante de Gendarmería, para que lo sucedido con Mansilla Ule no vuelva a ocurrir, es importante aplicar los procedimientos que motivaron el convenio con el Servicio de Salud. “Se van a reactivar los protocolos, tanto de asistencia para los internos que presenten problemas psiquiátricos como asistencia en su medicación y tratamiento”, dice.