El 12 de noviembre del 2019 fue la fecha más álgida del estallido social. Mientras las protestas ocupaban las calles de todo el país, el presidente Sebastián Piñera se reunió de emergencia con las Fuerzas Armadas. Finalmente, Piñera encomendó al Poder Legislativo que buscase una fórmula para lograr una nueva constitución.

Ese mismo día, en Punta Arenas ocurrió un hecho que conmocionó a la opinión pública: el incendio del edificio de AFP Habitat, que quedó con su estructura destruida y casi se extiende a construcciones aledañas. Los daños fueron avaluados en más de 400 millones de pesos.

Dos meses después, Marcelo Mandujano Salas -24 años, estudiante de la Universidad de Magallanes- fue detenido y formalizado como autor de iniciar las llamas. Con las manos esposadas, el sujeto escuchó la medida cautelar impuesta: prisión preventiva hasta que terminase la investigación. “Me siento arrepentido”, dijo en ese momento.

Mandujano Salas alcanzaría a estar 9 meses en la cárcel. En noviembre, a un año exacto del incendio, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó al imputado por los delitos de desórdenes públicos e incendio a 5 años de libertad vigilada intensiva.

La condena a Mandujano Salas consiste en que cumpliese un programa especial e individualizado para su reinserción social. Esto contempla trabajos comunitarios y orientación personal.

El fallo -que consideró la evidencia captada por cámaras de seguridad y testigos- fue compasivo respecto a lo que solicitaba Fiscalía: 10 años de presidio. Por ello, el Ministerio Público recurrió a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas para apelar a la resolución del tribunal.

Sin embargo, la corte ratificó la condena de libertad vigilada intensiva contra Mandujano Salas.

“Creemos que como Fiscalía se agotaron las instancias procesales que correspondía ejercer para efectos de establecer una pena como el tribunal lo estableció y una forma de cumplimiento que fuera acorde con la gravedad de los hechos”, dijo el fiscal encargado de la investigación, Felipe Aguirre.