Con el rostro demacrado tras pasar la noche tras las rejas, Luis Hernández Villarroel y Ninoska Ascencio Gómez acudieron ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas para escuchar su formalización.

La pareja fue detenida por incumplimiento de la cuarentena. Aunque la mujer se negó a la detención, fueron trasladados a la comisaría, donde Hernández Villarroel habría intentado sobornar a un policía.

Los hechos

Alrededor de las 23:00 horas del domingo, personal de la Armada patrullaba por las calles de la ciudad fiscalizando el cumplimiento de la cuarentena obligatoria. En el sector de Cerro Andino, procedieron a controlar a un vehículo marca Chery que circulaba por el lugar.

Advertido por la presencia de la Armada, el auto inició la huida de la autoridad. Sin embargo, chocó con un poste en la intersección de las calles Pueblos Unidos y José Martínez de Aldunate.

Cuando llegó Carabineros al lugar, detectaron que los ocupantes del auto tenían hálito alcohólico y rostro congestionado. Además, no tenían salvoconducto para transitar en la vía pública.

Cuando los policías quisieron inspeccionar a los sujetos, la conductora del auto -Ninoska Ascencio- habría reaccionado agresivamente. A gritos, se negó al control de identidad y al examen respiratorio.

Finalmente, los imputados fueron detenidos y trasladados a la Primera Comisaría de Punta Arenas. Mientras estaba en el calabozo, Hernández Villarroel habría sacado 200 mil pesos de su bolsillo y se los ofreció a un cabo segundo. El carabinero rechazó la suma e incluyó el incidente en el parte policial.

“El imputado tenía la finalidad de que omitiera las funciones propias de su cargo. Quería que lo liberaran y quedara sin efecto el procedimiento de su detención”, dijo el fiscal Christian Opazo.

Por estos hechos, la fiscalía formalizó a Ascencio Gómez por conducción en estado de ebriedad y negarse al control policial. Su pareja, Hernández Villarroel, será investigado por el delito de soborno. Además, ambos sujetos fueron formalizados por incumplir la normativa sanitaria.

El tribunal decidió que los imputados tendrán la prohibición de abandonar la Región de Magallanes. Esta medida cautelar fue solicitada por el Ministerio Público y no tuvo la objeción de la defensa.