Dado la actualidad del tema traeré a colación una iniciativa presentada como proyecto de ley en agosto del 2014 y que al no obtener el patrocinio del ejecutivo, no ha podido avanzar en su tramitación, tal vez los futuros gobiernos regionales o los actuales parlamentarios puedan lograr avanzar en esta materia.

Las normas de excepción para la región de Magallanes constituyen un conjunto de leyes establecidas a lo largo del tiempo, desde la Toma de Posesión hasta nuestros días. Esta norma en especial, la llamada Ley Navarino, ley Nº 18.392, es creada hace cuatro décadas, con el propósito de introducir incentivos que estimulen la inversión y favorezcan el poblamiento productivo y, en definitiva impulsen el crecimiento y el desarrollo de la zona insular más austral del territorio nacional.

En el contexto de dichas normativas se dictó en 1985 la llamada Ley Navarino, ley Nº 18.392, con sus repetidas modificaciones, establece un régimen preferencial único, aduanero y tributario originalmente por 25 años para las empresas que desarrollen proyectos de inversión en la zona insular más austral del territorio regional.

Hay antecedentes que explican hoy, que las inversiones y proyectos beneficiados por el imperio de esta ley no han contribuido efectivamente al despegue económico, al crecimiento sostenido de los territorios y a mejorar la empleabilidad y radicación en la zona cubierta por la norma preferencial tributaria y aduanera y que sugieren una evaluación para mejorar los efectos de las normas..

Así el Informe del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2007, encargado por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional de la Magallanes, a este respecto es taxativo en señalar que ¨en la región de Magallanes y Antártica chilena persiste una economía basada en un modelo exportador primario y concentrado que presenta poca interacción con otros sectores productivos de la región¨, recientemente una comisión de experto ha llegado a conclusiones similares.

En particular, además, la evaluación de desempeño e impacto de estas normas de excepción y en particular de la llamada Ley Navarino, ¨…ha creado distorsiones importantes en la economía de la región…¨. Se señala a este respecto que la norma en comento, ¨…potencia industrias con baja capacidad de agregar valor, lo que ha inducido un proceso de relocalización intra-regional de empresas. En ese proceso se ha destruido valor agregado en las zonas de Punta Arenas y Natales, el que en parte se ha transferido a las zonas cubiertas por la Ley Navarino.¨ Adicionalmente cabe señalar que se ha mencionado en el Informe citado que ¨los incentivos han ignorado la inclusión de una serie de objetivos, mecanismos e incentivos ambientales en sus normativas para asegurar el desarrollo de la región de una manera sustentable¨.

Es precisamente en este plano, y desde la perspectiva general del desarrollo humano sustentable que se observa en el incentivo establecido en la Ley Navarino, una distorsión y asimetría en materias ambiental y laboral.

En efecto hoy las empresas pueden instalarse y así lo han hecho, pero la norma no impone requisitos, de suyos usuales, para que el acceso a los beneficios tributarios, que proporciona el Estado de Chile se realice en plena concordancia con las normas ambientales y laborales vigentes en el país. Los que por cierto están presentes en otras normas similares.

Situados en un escenario concreto y procedimental de esta norma, alguna empresa podría incumplir determinadas normas laborales, realizar prácticas antisindicales y mantener deudas previsionales con sus trabajadores, pero continuaría recibiendo del Estado de Chile los beneficios tributarios y aduaneros que esta ley le da, ya que la norma vigente no establece la relación necesaria y vinculante entre el acceso a dichos beneficios y el cumplimiento de la normativa laboral, por ejemplo, dado el espacio para estas columnas, hasta aquí quedamos y si Dios así lo quiere continuaremos la próxima semana, tengamos todos una muy buena última semana de Febrero, y se ha ido el 17% del año… va rápido el 2021.