Hoy continuaremos el tema de la semana pasada, sobre el organismo autónomo denominado Ministerio Público o Fiscalía. Sin lugar a duda, después de más 20 años de su implementación y a la luz del proceso constitucional, se hace necesaria una evaluación para mejorar su estructura y nivel de actuación.

Por un lado, la percepción y evaluación de la ciudadanía es más bien baja. Por otro, en el ambiente académico encontramos una visión crítica, que se expresa fundamentalmente en la pregunta ¿Quién fiscaliza a los Fiscales? Esto lleva a evaluar su existencia y su autonomía.

El hecho que todas las instituciones puedan ser objeto de análisis y crítica es sano tanto para el equilibrio de la democracia como para la institucionalidad en general. Esto, en ningún caso disminuye la autonomía de un organismo. Por el contrario, se busca perfeccionar sus actuaciones, más aún de una institución tan necesaria que debe gozar de prestigio y credibilidad. Por lo tanto -sin perder autonomía- sería prudente establecer controles externos que permitan, a nivel interno, mayor eficiencia y, a nivel externo, mayor confianza por parte de la ciudadanía en sus instituciones.

También, se requiere estudiar seriamente los actuales mecanismos de nombramiento tanto del Fiscal Nacional, como de los Fiscales Regionales. Así mismo, implementar una especie de gobierno corporativo basado en una autoridad colegiada que despersonalice la institución y modernice su estructura jerárquica.

Además, se debe implementar el mecanismo de la acusación constitucional para el Fiscal nacional y los fiscales regionales. Actualmente, existe un procedimiento judicial ante la Corte Suprema. Si otras instituciones de similar génesis de sus miembros son objeto de acusación constitucional, siguiendo el criterio en el cual donde existe igual razón, debe existir igual disposición, se puede concluir entonces que dado el mecanismo usado para su designación como así mismo las altas funciones que cumple el Fiscal Nacional, haría razonable establecer un mecanismo para hacer efectiva la responsabilidad política que le cabe en el desempeño de su cargo.

En cuanto al período de duración de sus miembros, también debe reconsiderarse debido a que los actuales 8 años son objetivamente excesivos. Es necesario que los órganos autónomos sean evaluados periódicamente para mejorar su desempeño, salvaguardando siempre contrapesos y controles eficaces.

En este análisis de órganos autónomos, cabe mencionar a la Contraloría General de la República. Resulta esencial que en un estado moderno, exista un control riguroso, que resulte efectivo sobre la administración y ejecución financiera. Junto con ello, un sistema de cuentas públicas donde su fiscalización y control se basen en una actividad sistemática y permanente, que sea llevada adelante por un ente autónomo del poder político, especialmente independiente del Poder Ejecutivo. Por esto, sería conveniente despersonalizar la Contraloría con una autoridad colegiada, elevando también su estándar de rendición de cuenta y exigiendo mayor celeridad en sus procesos.

En conclusión, tanto el Ministerio Público como la Contraloría, ameritan un proceso de revisión cuidadosa para un mayor perfeccionamiento de sus funciones. Son grandes instituciones nacionales que debemos cuidar, proteger y modernizar a través de mecanismos que salvaguarden su misión.