A casi un mes de ser enviado a la prisión preventiva, la defensa de Juan Pablo Salazar Retamal acudió por segunda vez a la justicia para que cambiasen esa medida cautelar por otra menos rigurosa.

El imputado –sargento primero de la Fuerza Aérea– está recluido en la Base Chabunco por presuntamente apuñalar en 9 oportunidades, con un cuchillo parrillero, a un funcionario del Ejército.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de un viernes y obligaron a la concurrencia inmediata del SAMU. La víctima fue trasladada al hospital en riesgo vital, mientras que Salazar Retamal fue formalizado por homicidio frustrado.

El 30 de enero, el juzgado de Garantía decidió que cumpliese con prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. La defensa apeló a la medida ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. El jueves pasado, el tribunal de alzada confirmó el supuesto que Salazar Retamal era “un peligro para la sociedad”.

Ayer, la defensa volvió a recurrir a la justicia. El abogado Cristóbal Zúñiga solicitó al juzgado de garantía que cambiase la medida cautelar a la libertad vigilada intensiva.

A su juicio, Salazar Retamal propinó las 9 puñaladas en defensa personal, pues la víctima había entrado a su propiedad y lo agredió.

Según el abogado defensor, al imputado le favorece tener irreprochable conducta anterior. Como prestó una declaración ante la fiscalía, dice que colaboró con el esclarecimiento de los hechos.

“Entregó antecedentes fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, renunciando a su derecho a guardar silencio y permitió esclarecer el móvil de por qué la víctima estaba en su domicilio”, dijo el abogado Zúñiga.

La fiscal Romina Moscoso señaló que la defensa ha repetido los mismos argumentos señalados durante la formalización. El único antecedente nuevo sería un informe del Servicio Médico Legal aplicado a la víctima.

“Las lesiones son potencialmente mortales de no mediar socorros médico-quirúrgicos oportunos”, dijo la fiscal citando un extracto del informe.

Tras escuchar a las dos partes, el juez Franco Reyes decidió rechazar la petición de la defensa. Según él, los antecedentes entregados son insuficientes y de carácter subjetivo.

“Los presupuestos de la necesidad de cautela que se tuvieron en cuenta –un peligro para la sociedad– no se han visto modificados. Este tribunal no logra apreciar en qué medida han sido alterados en un lapso tan corto del tiempo”, dijo el magistrado.