Más de 20 veces el presidente Piñera ha recurrido al Tribunal Constitucional, entre sus dos mandatos, para torcer una decisión del Parlamento, y tenía una lista de 17 proyectos que a juicio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia habían avanzado con indicaciones que son “inadmisibles”. Como decimos en jerga futbolera “quería ganar por secretaría”, aunque en cancha le “habían llenado el saco”. Pero esta pesadilla del tribunal constitucional recién comienza, esto porque ahora comienza un duro peregrinar para aumentar la justicia social en el país, y serán los mismos de siempre los que intentarán mantener el status quo de las cosas. Según varios abogados constitucionalistas, el proyecto de impuesto a los super ricos y el royalty minero podrían ser dos proyectos que también terminen siendo “revisados” por el tribunal constitucional, de aquí en adelante el TCP (Tribunal Contra Piñera). En este punto, el TCP se encontrará con una situación similar a la del tercer retiro del 10%. Un país con urgentes necesidades de aumentar su recaudación fiscal y un TCP frente a una disyuntiva: acepta la presentación de ambos proyectos por parte de Piñera, o mantiene su posición de no transformarse en un organismo que resuelve la incapacidad de un gobierno de resolver los problemas de su pueblo.

Mientras esta situación se está fraguando, durante esta semana se emitió el Informe de Finanzas Públicas (IFP), por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos -Dipres-, donde el Ejecutivo aterrizó los números en términos generales y particulares respecto de exenciones y regímenes tributarios especiales (que reciben por supuesto, solo los más ricos de Chile). Acorde con el nuevo cálculo, el Impuesto a la Renta es la principal partida de gasto tributario, con US$ 4.758 millones para este año, un aumento de 50% respecto a 2020. De estos, las exenciones se llevan la principal cantidad, seguido de los regímenes especiales y los diferimientos. El otro ítem que compone el gasto tributario es la partida de IVA, de los cuales la mayoría se lo lleva las exenciones y hechos no gravados. El gobierno finalmente le puso números al costo real de las exenciones y tratamientos tributarios especiales, que este año le significarán al Fisco menores ingresos por US$ 7.843 millones, un 39% más que lo estimado para el 2020. Aunque existe otra cifra anterior… el 60% del total de evasión del impuesto a la renta se concentra en el 1% más rico (SII, 2006), esto es, el monto actual evadido (impuesto a la renta) por este grupo sería de US$ 9.300 millones anuales.

Con estos números sobre la mesa, resulta paradójico que el parlamento quiera aplicar un impuesto a los super ricos solo por una vez, y un royalty a la Minería del 3%, cuando recaudan un monto mucho menor que la eliminación de estos “beneficios” tributarios, incluidos la Minería, y con la posibilidad cierta de que lleguen al TCP, pero en esta ocasión, si tengan recepción conforme, entendiendo que ahora se trata de los ciudadanos de primera categoría los que se verán afectados