Con la mirada baja y su rostro oculto tras una mascarilla, un guardia de seguridad de 42 años escuchó la medida cautelar impuesta por la justicia. Cumplirá con prisión preventiva mientras sea investigado por violar a su hijastra.

Según la Fiscalía, las agresiones sexuales fueron reiteradas y comenzaron a fines del 2020, en un domicilio del sector norte de Punta Arenas. En ese lugar vivían el imputado y su pareja, quien tiene una hija de 12 años.

Los abusos se perpetraban cuando la madre se ausentaba de la casa. Uno de los episodios ocurrió en una Navidad. Presuntamente, abordó a la menor en su pieza y le hizo tocamientos en diversas partes del cuerpo. También le habría frotado sus órganos genitales y penetrado a la fuerza.

El lunes la madre descubrió que su hija tenía conversaciones de índole sexual con extraños en su celular. En medio de la discusión, la víctima reveló las agresiones que sufrió por parte de su padrastro, la última ocurrida solo dos días antes.

Tras la develación, la madre encaró a su conviviente. Aunque en un comienzo negó las acusaciones, terminaría por reconocer los hechos.

Juez: “Se puede apreciar la transgresión”

La denuncia se estampó en la Comisaría de Carabineros. Los funcionarios se comunicaron con la brigada especializada en delitos sexuales de la PDI, quienes se abocaron en la investigación.

El imputado prestó declaración y admitió parte de la denuncia ante los policías. También se entrevistaron con la madre e hicieron un set fotográfico de la casa. En paralelo, la víctima constató lesiones compatibles con penetración forzada.

Por orden judicial, el guardia de seguridad fue detenido en la noche del martes. Tras pasar la noche en los calabozos del cuartel policial quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas por vía telemática.

El fiscal Fernando Dobson lo formalizó por violación en contra de menor de 14 años. El juez Franco Reyes ordenó que el individuo cumpla con prisión preventiva. “La transgresión se puede apreciar no solo a partir de la declaración del propio imputado, sino que se corrobora con el informe sexológico”, dijo el magistrado.

El plazo de investigación se fijó en tres meses. Por solicitud de la defensa, Gendarmería tendrá que habilitar medidas de seguridad especiales para evitar problemas con la población penal.