El pasado lunes 4 de octubre el Instituto Don Bosco de Punta Arenas suscribió la autorización para efectuar el cambio de financiamiento compartido a gratuidad en virtud de lo dispuesto en el Artículo N° 26 inciso final de la Ley de Subvenciones.

Esto tras la solicitud efectuada por la Congregación Salesiana para acogerse a la gratuidad, la cual se hará efectiva a contar del año 2022, tras la resolución llegada hace un par de semanas.

“La Congregación Salesiana toma estas orientaciones y comienza a hacer un análisis sobre cuál va a ser la proyección de los colegios salesianos de Chile. Consciente de las raíces fundantes en la figura de Don Bosco, quien partió atendiendo a los niños más desprotegidos, entonces se determinó que no podemos ser colegios particulares-particulares, tendríamos que ser particulares-gratuitos”, indicó el rector del establecimiento salesiano, Luis Velásquez, en entrevista con Pingüino Multimedia.

El proceso de modificación fue extenso y se inició en 2017: “Cada una de las casas de estudios tuvo que realizar una mirada proyectiva en términos de ingresos, gastos de operaciones y educativos para ver hacia qué año podría aproximarse a esta gratuidad. Las exigencias eran que teníamos que ajustar nuestras economías”, apuntó.

Esto en parte responde a los cuestionamientos recibidos el año 2017, cuando tuvieron que efectuar reducción de personal. “Lamentablemente eran las necesidades de ir proyectándonos a esto. Teníamos personas que hacían mantenciones internas, pero tuvimos que externalizar las mantenciones, y otras personas, desde el punto de vista de la función que realizaban, podemos suplirlas con readecuación de funciones internas y para reducir personal”, explicó Velásquez.

Además, el estallido social de 2019, especialmente producto de los incidentes ocurridos en la ciudad, les generó un riesgo inesperado. “Tuvimos que hacer inversiones que no estaban contempladas”, recuerda.

Cuando se habían estabilizado económicamente apareció la pandemia. “Tuvimos que invertir en las mejoras de la red de internet al interior del colegio como también mejorar los equipos computacionales para hacer clases online. Son gastos que comienzan a aparecer”.

Como era de suponer, la medida fue bien acogida por los apoderados, quienes son los más beneficiados, excepto los de cuarto medio. “Se lamentaban que no se produjo esto antes”, admite.

Todas estas medidas apuntaban a que todas las partes involucradas al interior del establecimiento no sean perjudicadas. “Nuestro índice de vulnerabilidad es bastante alto. Tenemos muchas familias con necesidades económicas. Y el dejar de pagar les permite ahorrar al menos 270 mil pesos anuales. El otro tema clave es que no puede resentirse el proyecto educativo y tampoco la calidad académica”, destaca el rector.

Sobre este punto, profundiza que “el estudio económico hecho nos permite decir que nada de lo que tenemos lo vamos a perder. Y tampoco los beneficios a los estudiantes”.

Para suplir algún deficit que se genere en lo económico, el Estado entregará una subvención adicional como compensación, además de la opción de postular a fondos sectoriales.